ALREDEDOR DE 60 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN SLP, PODRÍAN VERSE BENEFICIADAS CON LA LEY DE AMNISTÍA FEDERAL.

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La diputada Beatriz Benavente Rodríguez, presienta de la Comisión de
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del
Estado, indicó que según estimaciones de las autoridades de los centros
penitenciarios, un promedio de entre 50 a 60 personas privadas de su
libertad, podrían verse beneficiadas con la Ley de Amnistía Federal.
Señaló que de acuerdo a la información proporcionada por la titular de
la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en diciembre de
2019, se tenía contemplado un universo de hasta 6,200 personas
privadas de su libertad en todo el país, que pudieran acceder a los
beneficios que otorga la Ley de Amnistía Federal.
Precisó que para que puedan acceder a este beneficio, se tiene que
llevar a cabo un procedimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley en
la materia, y siempre y cuando quienes lo soliciten quienes hayan sido
juzgados y sentenciados por tribunales federales.
“Ellos tienen que presentar la solicitud y apegarse a esta Ley de
Amnistía, por parte de sus abogados; esta solicitud tiene que pasar a un
consejo que se forma, así lo contempla la ley federal, que hay varias
autoridades representadas y valoraran la pertinencia de la solicitud, y de
considerarlo procedente todavía lo turnan a un juez que avala o no el
dictamen emitido por esta comisión y entonces procederían a otorgar la
libertad a estas personas que lo solicitan, es decir no es en automático”.

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Indicó que en el caso local, en San Luis Potosí se presentó
recientemente una iniciativa de Ley de Amnistía del Estado, la cual
deberá ser analizada por los legisladores para verificar su viabilidad y
que cuenten con un procedimiento similar a la legislación estatal.
“En San Luis Potosí se presenta una iniciativa de Ley de Amnistía
Estatal, es decir, el Congreso tendrá que definir qué delitos de nivel
estatal que sean juzgados por tribunales estatales serán posibles
beneficiados de esta ley, en cuanto sea aprobada y entre en vigor”.
Dijo que en este sentido, al igual que en la ley federal, los beneficiados
serán personas que ya se encuentren sentenciadas al momento de la
aprobación de la ley y no posteriormente, “importantísimo recalcar que
estas tendrán que ser juzgadas por tribunales estatales y evidentemente
de los delitos que el Congreso del Estado determine que puedan ser
sujetos a este beneficio”.