APRUEBAN VALORES CATASTRALES DE 28 MUNICIPIOS SIN AUMENTOS PARA EL 2019.

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En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura aprobó por
unanimidad los decretos que fijan los valores de suelo urbano y rústico,
así como de construcción, ejercicio fiscal 2019, de los municipios de
Ahualulco, Cerritos, Villa de Reyes, Alaquines, Armadillo de los Infante,
Catorce, Cedral, Cerro de San Pedro, Charcas, Guadalcázar, Huehuetlán,
Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rioverde,
Tamazunchale, Salinas, San Nicolás Tolentino, Santo Domingo,
Vanegas, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la
Paz, Villa de Ramos, Villa Hidalgo, Villa Juárez y Zaragoza.
Para estos ayuntamientos no se autorizaron incrementos en sus valores
catastrales de suelo y construcción para el próximo año, por lo cual se
mantendrán los valores con que cuentan en este 2018.
Se retiró del orden del día y regresado a la Comisión Primera de
Hacienda y Desarrollo Municipal el dictamen que fijaba los valores de
suelo urbano y rústico, así como de construcción, ejercicio fiscal 2019,
del municipio de Santa María del Río.
Antes de este asunto, se regresó al Poder Ejecutivo del Estado, al no
obtener una votación con mayoría calificada ya que sólo fueron 14 votos
a favor y 13 en contra, su propuesta que buscaba ratificar en el cargo
de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al
Licenciado José Armando Martínez Vázquez, mismo que ocuparía del
trece de diciembre del dos mil dieciocho y, en su caso, hasta el plazo
que señala el artículo 97 de la Constitución Política del Estado.
Lo anterior porque la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ambas del Estado, establecen la facultad de Poder Legislativo

para elegir, ratificar o remover, en su caso, o por término del encargo, a
los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previa observancia de
las disposiciones, formalidades y requisitos establecidos, los integrantes
de las comisiones que dictaminan, en base al principio general de
derecho tocante a que las autoridades sólo puedan hacer lo que la ley
les faculta, y al ser atribución de esta Soberanía únicamente elegir, o
ratificar magistrados con base en las propuestas del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó la
diputada Martha Barajas García para que el Congreso del Estado exhorte
a la Secretaría de Salud en el Estado, a las representaciones del IMSS y
del ISSSTE en San Luis Potosí, para que se proporcione a está
Soberanía, información de cuantos casos de atención médica domiciliara
han atendido en los últimos años y que sectores sociales se han visto
beneficiados.
En caso de no haber ofrecido el servicio de atención médica domiciliaria;
informe si tienen detectadas las causas por las cuales no fue brindado
este servicio, a que tienen derecho los beneficiarios de estas
Instituciones de Salud.
En el punto de acuerdo aprobado se señala que en San Luis Potosí, las
instituciones públicas de salud, que más prestan servicios a las familias
Potosinas son: los servicios propios del Estado, IMSS e ISSSTE; y las
tres se encuentran obligadas a prestar servicios de atención médica
domiciliaria.
Sin embargo, esta Soberanía no conoce los resultados de tales acciones
gubernamentales en beneficio de los potosinos; por lo que es pertinente
se nos proporcione la información respecto del número de personas que
son atendidas mediante este servicio, para que este Congreso del
Estado pueda ser facilitador en la inclusión de los servicios de salud.
Se aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 1 en contra, derogar el
párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial
del Estado y Municipios de San Luis Potosí, al contravenir lo dispuesto
por el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención

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Americana de Derechos Humanos; el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
El artículo 15 de la ley mencionada establece que: El monto de la
indemnización por daños materiales se calculará de acuerdo a los
criterios establecidos por la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y
Limitación del Dominio por Causa de Utilidad Pública para el Estado de
San Luis Potosí y el Código Civil del Estado, y demás disposiciones
aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o
de mercado en el momento en que sea ocasionado el daño, y no deberá
ser inferior, tratándose de inmuebles, al valor catastral.
El segundo párrafo derogado establecía lo siguiente: Solamente serán
procedentes aquellas reclamaciones de indemnización que sean
superiores a sesenta unidades.
En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que
derogar el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí no representa en
ningún momento una afectación a las finanzas de los entes públicos,
dado que la mencionada ley establece que en el presupuesto se deberán
incluir partidas destinadas para cubrir las responsabilidades
patrimoniales; además de preverse las indemnizaciones que no hayan
podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.
Es necesario agregar que la responsabilidad patrimonial del Estado
también termina por abonar a la mejora administrativa, toda vez que se
convierte en un procedimiento para eficientar la calidad en los servicios;
dado que si el Estado no pretende gastar su presupuesto en el pago de
indemnización, debe hacer una mejora constante, que permita evitar
actividades administrativas irregulares.
Fue aprobado por mayoría, con 24 votos a favor y 2 abstenciones, el
acuerdo con proyecto de resolución que establece que la LXII
Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí acepta
parcialmente la “Recomendación no vinculante a los Poderes Ejecutivo, y
Legislativo de las entidades federativas, relacionada con la selección de
jueces y magistrados”.

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Además, que las acciones concretas derivadas de la aceptación parcial
de la referida recomendación será la conformación de mesas de trabajo
con la finalidad analizar y discutir las adecuaciones legales necesarias,
conjuntamente con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San
Luis Potosí, en aras de unificar criterios que en su conjunto permitan dar
cabal cumplimiento a la aceptación de la parte específica de dicha
Recomendación, impulsando el pleno respeto a la función tutelada por el
propio Poder Judicial.
Se aprobó por unanimidad autorizar a la Dirección General de los
Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, a desincorporar y dar
de baja del inventario general de bienes muebles e inmuebles, mediante
la modalidad de compra-venta en subasta pública, cuarenta y tres
vehículos de su propiedad, y diversos bienes muebles.
Fue aprobado por unanimidad autorizar al ayuntamiento de San Ciro de
Acosta donar a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un terreno propiedad de dicho
municipio, ubicado en la carretera San Ciro – Jalpan y la calle
Constitución de la Cruz, con la finalidad de construir una clínica, con una
superficie de 3.071.57 metros cuadrados, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral de San Luis Potosí, S.L.P., con el número 2275 a
fojas 65-68 del tomo 2038 de escrituras públicas, de fecha 2 de marzo
de 2011.
A petición de la Comisión de Gobernación, se declaró la caducidad a dos
puntos de acuerdo de la LXI Legislatura de los turnos con los números
6245 y 6386.
Se aprobaron los dictámenes que desecharon por improcedentes
iniciativas que pretendían reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de San Luis Potosí; el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso del Estado de San Luis Potosí; así como las solicitudes de
Rioverde para continuar procesos de licitación y contratación de obras
debido a que ya sobrepasó el ejercicio de la administración municipal
2015-2018; y de Venado para autorizar donación de hectárea a Unión
de Ejidos del Altiplano A.C.

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En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas
respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo;
demás Poderes del Estado; entes autónomos y paraestatales;
ayuntamientos y organismo paramunicipal; Poder Federal; Poderes de
otras entidades del país; Particulares; Iniciativas y Punto de Acuerdo.
En asuntos generales las diputadas y diputados María del Consuelo
Carmona Salas, Alejandra Valdés Martínez, Marite Hernández Correa,
María Isabel González Tovar, Angélica Mendoza Camacho, Edgardo
Hernández Contreras, Pedro César Carrizales Becerra, Oscar Carlos Vera
Fábregat, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, José Antonio Zapata Meraz y
Mario Lárraga Delgado participaron, por separado, en la Tribuna
Legislativa para desarrollar diversos tópicos.
Agotados los asuntos agendados se convocó al pleno de la LXII
Legislatura a sesión ordinaria programada a las 10 horas del viernes 14
de diciembre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija”
ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número
19.