BUSCAN AMPLIAR EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE 7 A 10 AÑOS

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Con la finalidad de ampliar el plazo para la prescripción de las faltas
administrativas graves, pasando su duración actual de 7 a 10 años, el
diputado José Antonio Zapata Meraz presentó una iniciativa de reforma
al artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de San Luis Potosí.
El legislador explica, en su exposición de motivos, que la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí,
significó la vigencia de un nuevo conjunto de herramientas contra la
corrupción, que en armonía con las Leyes Federales, establece las faltas
administrativas graves que involucran: cohecho, peculado, desvío de
recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de
funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida,
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y
obstrucción de la justicia, que se encuentran contenidas en los artículos
50 a 63 de la citada Ley local.
“Como se puede apreciar, las conductas clasificadas como faltas
administrativas graves, causan severos daños a la función pública, ya
que afectan a los fondos públicos, al cumplimiento del deber de las
instituciones y a su independencia, e incluso los intereses de
particulares al vulnerar los principios de igualdad en las relaciones con
los entes públicos, por lo que dañan enormemente la credibilidad de las
instituciones y de quienes se desempeñan en ellas”.
Agrega que el esquema de sanciones para los servidores públicos por
faltas graves, busca corresponder al alcance de las mismas, por eso
consisten en: suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del
empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y

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para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas.
Sin embargo, la facultad para ejercer la imposición de sanciones está
sujeta a la prescripción, que de acuerdo a la Ley contiene una
prescripción negativa, aplicable a los 7 años de cometida una falta
administrativa grave; sin embargo, en esta propuesta se considera
ampliar el plazo de prescripción para tales infracciones, dejándolo en 10
años.
“El propósito es, en vista del alcance negativo de dichas faltas, disminuir
las posibilidades de que quienes cometan tales ilícitos queden impunes,
fortaleciendo la aplicación del Estado de Derecho frente a los presuntos
actos de corrupción”, manifiesta el legislador.
Zapata Meraz señala que se busca generar condiciones disuasivas que
reduzcan el umbral de impunidad y las aparentes ventajas que un acto
corrupto puede tener para los infractores a través del transcurrir del
tiempo; esto con el fin último de cerrar espacios a la corrupción y
ampliar los términos de aplicación de la Ley.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de
Gobernación y Justicia.