COMPARECE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ANTE EL PLENO DE LA LXII LEGISLATURA, EN VIRTUD DEL PUNTO DE ACUERDO

45

Atendiendo al Punto de Acuerdo aprobado el 4 de abril por el pleno del
Congreso del Estado, el Maestro Federico Garza Herrera, Fiscal General
del Estado, compareció ante los diputados integrantes de la LXII
Legislatura para responder a los cuestionamientos sobre el estado que
guarda el ente de procuración de justicia.
Los diputados José Antonio Zapata Meráz, Rubén Guajardo Barrera y
Rolando Hervert Lara cuestionaron los tiempos de atención que se
brinda en la Fiscalía, ya que según el Índice Estatal de Desempeño de
Procuradurías y Fiscalías de 2018, realizado por la organización
Impunidad Cero, que analiza 23 variables con las que se forman 8
indicadores de desempeño, establece que San Luis Potosí es la séptima
a nivel nacional que tiene más tiempo de espera para los denunciantes,
con un promedio de 176 minutos, lo cual inhibe que la ciudadanía acuda
a la presentación de estas denuncias.
Al respecto, el Fiscal manifestó que de acuerdo a los estándares con
que cuenta su dependencia, y en los que participaron organizaciones
como Projusticia, los ciudadanos no tardan más de 7 minutos en ser
atendidos, y se está haciendo un esfuerzo para mejorar.
Respondió al cuestionamiento del diputado José Antonio Zapata, en lo
referente a las investigaciones por el gasto en una fiesta que reportó la
Auditoría Superior del Estado a finales de 2016, y explicó que ya se
presentó al juez de control la respectiva carpeta de investigación, y el
resultado hasta el momento es una persona vinculada a proceso por el
delito de peculado, y el juez dio cinco meses para la investigación

2
complementaria; la situación de otros cinco probables involucrados, se
debe estar definiendo pronto, ya que se fueron a la duplicidad del
término constitucional, explicó.
Dijo que se están allegando diversos datos de prueba para que los casos
vayan bien integrados y se pueda lograr la judicialización de los mismos,
y respecto a los otros casos como el hackeo de cuentas en la Auditoría
Superior del Estado y la nómina secreta, indicó que algunos de ellos se
encuentran ante la autoridad judicial y otros están en integración de las
carpetas de investigación por parte del agente del Ministerio Público.
En el mismo tema, la diputada Marite Hernández solicitó que los asuntos
que se atiendan de manera oportuna los delitos cometidos por
servidores públicos, como fueron los casos sucedidos en la Auditoría
Superior del Estado para que no se dé carpetazo, para atender las
demandas contra la corrupción y la impunidad.
A pregunta del diputado Edgardo Hernández Contreras, el Fiscal Garza
Herrera manifestó contar con estudios en derecho, especialidad en la
UNAM, experiencia como abogado y con certificación en materia de
Sistema Penal Acusatorio y medios alternos de resolución de conflictos,
por lo cual manifiesta contar con capacidad y cubrir los requisitos para el
desempeño del cargo que ostenta, además de conocer los mecanismos
para la integración de carpetas de investigación e integración de
averiguaciones previas.
El legislador Hernández Contreras señaló que no debe ser ofensa para el
Fiscal los hechos que dieron motivo a la comparecencia, ya que existen
graves deficiencias que tiene la Fiscalía, por el coto de poder y
señalamientos de todo tipo atribuibles a los vice fiscales, y la opacidad
del director de la Policía MinisterialJosé Guadalupe Castillo Celestino.
Señaló que la ejecución de un policía municipal hace unos días, por el
tipo de armas, debió ser atraído por la Fiscalía General de la República,
pero debido a las deficiencias de los vice fiscales no se realizó el
procedimiento, por lo cual exigió la renuncia de los funcionarios y retó a
un debate público al titular.
Al respecto, el Fiscal General argumentó que lo que necesita San Luis
Potosí es el fortalecimiento de las instituciones, como es el caso de la

3
Fiscalía que tiene 3 años y 7 meses, por lo cual se deben consolidar los
mecanismos de procuración de justicia.
La diputada Martha Barajas señaló que un punto importante que debe
fortalecerse es la confianza ciudadana, la cual debe traducirse en mayor
presentación de denuncias y mejorar la eficiencia administrativa; el
Fiscal argumentó que con la armonización legislativa que se realizó en la
pasada Legislatura, se realizó un reordenamiento en la propia institución
que incluyó el acondicionamiento de instalaciones, además de la
socialización y capacitación de los policías ministeriales en el Sistema de
Justicia Penal, además de jóvenes en las universidades.
Agregó que con la instalación del Sistema Penal de Justicia en todo el
estado, se conformaron 16 delegaciones; anteriormente se contaba con
subprocuradores que manejaban hasta 17 municipios, sobre todo en
zona huasteca. Actualmente, se establecen acciones para atención
inmediata y precisa a la población.
El diputado Eugenio Govea destacó los motivos que dieron origen a la
comparecencia del funcionario, en virtud del incremento en los casos de
homicidios registrados en el estado, y sobre los niveles de procuración
de justicia a nivel nacional, ya que de cada 100 delitos denunciados
solamente 2 son castigados.
En cuanto al nivel de eficiencia, el Fiscal respondió que para este 2019
se cuenta con un presupuesto de 1,049 millones de pesos, de los cuales
960 millones se destinan a salarios, 50 millones de pesos se destinaron
para la transición y plazas, 89 millones de pesos a servicios generales,
materiales y suministros, materiales; 15 millones para transición en
servicios, y 400 mil pesos para Alerta Amber.
En cuanto a personal se cuenta con 425 ministerios públicos, 28 por
ciento sindicalizados, 11 por ciento honorarios, y 1.0 por ciento
asimilables a salarios, lo cual se lleva un monto de 720 millones de
presupuesto general.
De la fuerza de la Fiscalía, indicó que el personal no ha sufrido cambios
en el ingreso en los 3 años de la administración, se mantienen los
números de ministerios públicos, aunque las cargas de trabajo han
aumentado.

4
En cuanto al número de elementos ministeriales, el funcionario descartó
dar el número completo por cuestiones de seguridad, pero al recibir la
Fiscalía se tenía una disminución de la cuarta parte los policías que se
tenían hace tres sexenios.
Al respecto, el diputado Govea Arcos indicó que el Congreso del Estado
estará atendiendo las peticiones de la Fiscalía para atender las
cuestiones presupuestales que sean necesarias, en virtud del
incremento de los índices delictivos.
En relación a los casos de feminicidios, los legisladoras Marite
Hernández Correa, Beatriz Benavente, Alejandra Valdés, Ricardo
Villarreal y Rubén Guajardo señalaron la necesidad de implementar
acciones vinculadas con la atención inmediata para evitar la violencia
feminicida y atender de manera puntual la procuración de justicia.
El funcionario indicó que en lo relacionado con la Alerta Amber, se
atiende con los protocolos de feminicidio la muerte violenta de mujeres,
y se han realizado acciones para la atención de la violencia de género
contra las mujeres, por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales; además de las acciones interinstitucionales realizadas en
coordinación con otras instancias como DIF Estatal en campañas
disuasivas de discriminación y atención de violencia.
Garza Herrera dijo que al 21 de mayo de 2019, se tienen contabilizados
un total de 11 feminicidios, de los cuales el 64 por ciento se ha
determinado y el resto se encuentra en investigación; hay 5 detenidos
que están vinculados, y 5 órdenes de aprensión en relación a este tema.
Sobre el caso específico de la joven universitaria de la Politécnica, indicó
que siguen las investigaciones para dar con los responsables.
La diputada Alejandra Valdés solicitó se establezcan acciones conjuntas
con autoridades estatales y municipales para contar con un mayor
número de cámaras de videovigilancia en las calles, que permitan
brindar información sobre hechos delictivos.
El diputado Mario Lárraga solicitó atención a los casos de homicidios
denunciados en la zona huasteca, en específico el de Enrique Santiago
Salvador, ya que se asegura se han acercado algunas pruebas pero no
se han tomado en cuenta; el Fiscal manifestó que se llevan a cabo las

5
investigaciones de acuerdo a los protocolos establecidos por el propio
Sistema de Justicia Penal.
El diputado Edson Quintanar señalo la necesidad de reconstruir la
confianza en la institución por parte de los ciudadanos, y recordó los
homicidios del muralista Héctor Dominguez y su familia; el Fiscal dijo
que el caso está en proceso, y con base en los análisis periciales que se
hicieron se logró la responsabilidad del autor material y probable
responsable de la comisión del delito, por lo que se definió la detención
del mismo, y otra persona más que está a disposición del juez.
La diputada Paola Arreola llamó a la coordinación de esfuerzos entre
todas las instancias de gobierno, en cuanto inicie operaciones la Guardia
Nacional en el estado, a fin de lograr el levantamiento del tejido social,
el fortalecimiento de políticas públicas en seguridad y procuración de
justicia.
El diputado Rolando Hervert llamó a la atención de las denuncias por
hechos con apariencia de delitos presentadas por el municipio de San
Luis Potosí, así como la investigación a los hechos relacionados con los
videos en los que se observa una mala conducta por parte de elementos
de la policía municipal.
Respondió al diputado Rubén Guajardo, el funcionario indicó que en lo
relacionado a secuestros, con el sistema de justicia penal, del año 2017
a 2019, la Fiscalía ha obtenido 16 sentencias condenatorias, destacando
una por 80 años en 2018, 4 por 80 años en 2019, 9 por 50 años y 1 por
50 años, principalmente a través de Juicios Orales.
El diputado Rubén Guajardo señaló que no se han atendido los casos de
denuncias por delitos electorales presentadas desde el 2016,
El diputado Oscar Vera llamó al funcionario a poner especial atención en
los casos donde se realice un acuerdo reparatorio, ya que se tiene
conocimiento de que algunos ministerios públicos solicitan
gratificaciones a las víctimas.
A pregunta del diputado Cándido Ochoa, indicó que se cuenta con un
programa para el fortalecimiento de laboratorio para la realización de
pruebas, además de la realización de un procedimiento especial para la

6
inhumación de los cuerpos que no son reclamados en un panteón
forense, que pueda estar ubicado ya sea en San Luis Potosí o Soledad.
Indicó que a la fecha se cuenta con 40 cuerpos sin reclamar en servicios
periciales, cuyas edades oscilan entre los 28 y 50 años, todos varones.
En cuanto a desaparecidos, en 2019 se han reportado 315 personas,
170 mujeres y 145 hombres; han sido localizadas con vida 233
personas, y quedan pendientes 41 hombres y 41 mujeres.
Como causas de desaparición se encuentran la ausencia voluntaria,
maltrato familiar, adicciones y problemas de orden familiar.
Finalmente, respondió al cuestionamiento del legislador Ochoa Rojas en
el sentido de que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, no se realizan
traslados de reos, ya que todas los juicios orales se llevan a cabo en los
centros penitenciarios y se cuentan con túneles específicos para
conducir al reo a las salas.