CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,

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El pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con algunas
modificaciones, el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, cuyo
objetivo será prestar el servicio público de conciliación laboral para la
resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del
orden local, como una instancia previa al juicio ante los tribunales
laborales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y
ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para ello.
Como antecedentes en la exposición de motivos se menciona que el 24
de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, mediante el
cual se sentaron las bases para una profunda transformación al
esquema de impartición de justicia laboral, en el que se garantice el
acceso a una tutela judicial efectiva.
El 1 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones entre otros ordenamientos a la Ley Federal del
Trabajo, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación
colectiva.
En esa tesitura, es que la impartición de la justicia laboral ya no sea
proporcionada por las Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependen
de la secretaria del trabajo y Previsión Social del Gobierno Estatal, sino

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que ahora, se establece un procedimiento prejudicial que sea prestado
por dicha dependencia a través de un organismo descentralizado
denominado Centro de Conciliación Laboral Local, donde exista el
personal indispensable y preparado para llevar a cabo la conciliación
entre trabajadores y patrones, a fin de poder llegar un acuerdo
mediante un convenio que sería cosa juzgada.
Para ello, se va contar con conciliadores con fe pública, a los que esta
Ley obliga a certificarse en esta materia o afines a la misma cada tres
años, puesto que la norma de la Ley Federal del Trabajo que regula los
requisitos para acceder a este cargo, fija que preferentemente deberán
de contar con esta habilidad; ahora bien, de no conciliar los intereses en
conflicto las partes recurrirán a los juzgados laborales del Poder Judicial
del Estado.
Un aspecto importante que contempla esta Ley en aras del mejor
funcionamiento y operación de este organismo, es que el Director
General del mismo solamente va durar en el cargo cuatro años y no seis
como lo prevé la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
enero de 2020.
Este ordenamiento contempla las atribuciones que tendrán el Centro de
Conciliación, la Junta de Gobierno, el Director General, los conciliadores,
los notificadores y las áreas en general, mismas que prácticamente son
las mismas que prevé la Ley Federal, con las variaciones que exige el
ámbito competencial estatal.
Con el propósito de alcanzar los principios constitucionales que
consagran la impartición de una justicia laboral pronta, expedita,
completa e imparcial, se propone que a través de Organismo Público
Descentralizado sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de Gobierno del Estado, se continúe proporcionando el servicio de
conciliación preventiva; impulsando con ello, el uso y fortalecimiento de
este instrumento, con el objeto de coadyuvar en el desahogo de esta
función que se desarrollaba en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
El Organismo Público Descentralizado que se crea con esta Ley, y que
será mediante esta figura de la Administración Paraestatal la determine
la instalación y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la
Entidad, cuyas particularidades es que es especializado e imparcial, con

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personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
publicidad.
Se indica que la institución de la conciliación previa no es incompatible
con el derecho a la tutela judicial efectiva; pues con ello, no se coarta el
derecho de solución, sino que se amplía la oportunidad de acceso a la
solución del conflicto laboral. La autocomposición de los conflictos
laborales como es la conciliación previa al proceso, reduce los litigios,
alivia el sistema jurisdiccional laboral de una excesiva carga de trabajo y
evita las demoras, formalidades y exigencias procesales que forman
parte del procedimiento laboral; además, aminora los costos de la
transacción, pues las partes llegan en menor tiempo a acuerdos.
La conciliación prejudicial es el método que las partes en un conflicto
laboral pueden emplear de manera voluntaria, con la intervención de un
tercero profesional que los orienta de manera neutral e imparcial, en
posibles alternativas de solución al conflicto, siendo las mismas partes
que de manera voluntaria llegan a los acuerdos que ellos mismos se
obligan a cumplir.
El conciliador además de ser un profesional en la disciplina de derecho,
con experiencia en el área de derecho del trabajo, debe contar
certificación en conciliación laboral o mediación y mecanismos
alternativos de solución de controversias; y tener conocimiento sobre
derechos humanos y perspectiva de género. Así como aprobar el
procedimiento de selección que se establezca para tal efecto.
Para la aplicación del método de conciliación la Ley laboral en el artículo
685 Ter, excluye de la instancia de conciliación a los conflictos por: a)
discriminación; b) designación de beneficiarios por muerte; c)
prestaciones de seguridad social.
Los Centros de Conciliación Laboral, pondrán en práctica el servicio
profesional de carrera a que se refiere el artículo 590-A de la Ley
Federal del Trabajo, y capacitar y profesionalizar a quienes llevarán a
cabo la función conciliatoria.

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A fin de vigilar el ejercicio del gasto público y el desempeño de los
servidores públicos de este organismo, el mismo tendrá un órgano de
control interno, cargo que desempeñará la persona que designe la
Contraloría General del Estado en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado y de las demás disposiciones jurídicas
que rigen la materia.
Con el fin de transparentar las actividades y las acciones que lleve a
cabo el Centro de Conciliación, se establece en la estructura
administrativa una unidad en esta materia, a fin de garantizar y
preservar el derecho a la información pública, cuyo nombramiento
realizará el Director General en cumplimiento de lo previsto en la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis
Potosí.
Finalmente, en la parte de sus transitorios se prevé su vacatio legis, el
plazo para la expedición de los reglamentos que se derivan de esta Ley,
los mecanismos y plazos de transición de los asuntos pendientes, y de
los recursos correspondientes.
Por otro lado, se reforma el artículo 40 Ter en su fracción XIX; y se
deroga las fracciones XV y XVI del mismo numeral 40 Ter, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, con
el propósito de eliminar de las atribuciones de la Secretaria del Trabajo
y Previsión Social lo relacionado al funcionamiento de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje que serán sustituidas por el Centro de
Conciliación; y para obligar a la Procuraduría Estatal de la Defensa del
Trabajo a representar a los trabajadores en los tribunales laborales.