EXHORTAN AL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE EXPIDA DE MANERA URGENTE LA LEGISLACIÓN PROCEDIMENTAL ÚNICA EN MATERIAS CIVIL Y FAMILIAR; SE TIENE UN RETRASO DE MÁS DE DOS AÑOS.

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A propuesta de la diputada María Isabel González Tovar, el pleno del
Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al
Congreso de la Unión a efecto de que expida de manera urgente la
legislación procedimental única en materias civil y familiar a que hace
referencia la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto de fecha 15
de septiembre de 2017.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que el transitorio
CUARTO del decreto mencionado en el párrafo que antecede, establece
que el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir la legislación
procedimental en materias civil y familiar a que hace referencia la
fracción XXX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dentro de un plazo que no excederá de 180 días
contados a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, sin que hasta
la fecha se haya dado cumplimiento a este dispositivo, puesto que el
termino para expedir el código procedimental único feneció el 14 de
marzo de 2018, es decir que, a la fecha se tiene un retraso de más de
dos años.
De igual forma, el transitorio QUINTO del citado decreto señala que la
legislación procesal civil y familiar de la federación y de las entidades
federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la
legislación única a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73
constitucional, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias
emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y,

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procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y
ejecutarse respectivamente, conforme a la misma, de lo que se
evidencia de manera implícita la prohibición para las legislaturas
estatales de legislar con el objetivo de modificar los Códigos Procesales
en materia civil y familiar.
Ahora bien, entre las dificultades que se presentan y que hacen
necesaria la expedición de una legislación única en materias civil y
familiar se encuentra: la desigualdad en las legislaciones locales, lo que
en casos específicos genera confusión e inseguridad jurídica para el
gobernado al momento de su aplicación; la diversidad de códigos
procedimentales de las entidades federativas que imposibilitan que la
jurisprudencia emanada de los órganos federales e incluso de la
Suprema Corte de Justicia adopte una interpretación uniforme, en virtud
de que en muchas ocasiones esta depende del lugar, las costumbres y
las leyes del territorio en el que radiquen las partes, ello por mencionar
algunas.
Además, es importante evidenciar la necesidad de que el Congreso de la
Unión expida de manera rápida ambos códigos nacionales, toda vez que
los requerimientos de la sociedad avanzan día con día, y en
consecuencia se necesita de procedimientos que den certeza y
seguridad jurídica para las partes, pues no se puede asumir contar con
un derecho estático, y menos aún en materia de impartición y
administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales, pues
en el caso particular de San Luis Potosí, cuenta con un código adjetivo
que data del 19 de junio de 1947, por lo que lógicamente algunos
términos y procedimientos se encuentran obsoletos, son inútiles,
innecesarios y en ocasiones absurdos al tiempo en el que vivimos, por lo
que es necesaria su actualización.