FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEBE SER AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO Y DEBE TENER TOTAL AUTONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA FISCALÍA GENERAL.

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El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de
Justicia del Congreso del Estado, indicó que al interior del Poder
Legislativo, se analizarán los perfiles de las personas que integrarán la
terna que envíe el Ejecutivo del Estado para el titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Resaltó que, además del cumplimiento de los requisitos que establece la
legislación, las personas que integren dicha terna deberán demostrar
que no cuentan filiación con ningún partido político, ni cercanía con el
Fiscal General, ni con el propio Gobernador del Estado, para asegurar el
desarrollo de su labor.
“Lo primero es que no tiene que tener ninguna afiliación a ningún
partido político, creo que independientemente de los requisitos de ley es
que no tenga ni cuente con ningún conflicto de interés, ninguna relación
con el titular del Ejecutivo ni con el Fiscal General del Estado, ni que
tenga ninguna cercanía o afiliación con algún partido político”.
Señaló que en este punto, el Congreso del Estado debe estar atento a la
carrera, trabajo y perfiles de las personas que sean propuestas, ya que
se trata de un cargo de gran importancia y relevancia.
“La esencia del Sistema Estatal Anticorrupción, de este nombramiento
del Fiscal Anticorrupción, lo que busca es que tenga autonomía de
decisiones sobre el Fiscal General del Estado para las investigaciones en
hechos de corrupción; entonces si nosotros nombramos a alguien que es
cercano al Fiscal, a alguien que es cercano al Titular del Ejecutivo o que
tiene alguna cercanía con algún grupo o partido político, se pierde la
esencia de lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción”.

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Guajardo Barrera manifestó que se espera la presentación de una terna
plural, integrada por mujeres y hombres con un perfil claro y autónomo,
y que no tengan ningún tipo de conflictos de interés partidista ni con el
Ejecutivo del Estado.