Proponen crear el consejo consultivo y tarifario

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El diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa de reforma a
diversos artículos de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí,
con la cual se propone despolitizar la aprobación de las cuotas y tarifas
de agua, y establecer una metodología clara para el cálculo de las
mismas.
En su exposición de motivos, señala que “la intención es despolitizar los
criterios para establecer cada año las cuotas y tarifas de agua, que a
veces tenían como rehenes a los organismos operadores, pues
actualmente se dejan a un lado los aspectos técnicos y financieros,
suficientes para la operación del organismo para calcular las tarifas,
privilegiando la rentabilidad electoral; en síntesis, al transparentar el
proceso de definición de cuotas y tarifas, se despolitiza y su aprobación
no estará sujeta a la decisión del Congreso, y así, el ejercicio de una
facultad que hasta hoy es exclusiva del cuerpo legislativo pasará a una
comisión ciudadana”.
El legislador propone modificar la integración del actual consejo técnico
consultivo, para que en lo subsecuente se denomine “Consejo Consultivo
y Tarifario”, que además de las funciones actualmente establecidas,
tendrá la de analizar y en su caso aprobar la propuesta de cuotas y
tarifas elaboradas por los organismos operadores, así como la de
analizar y evaluar el costo real de los servicios de agua que prestan las
estructuras organizacionales operadoras de agua. Cada organismo
operador determinará a los integrantes de su Consejo Consultivo
Tarifario, a través de su reglamento interno.

El Consejo Consultivo y Tarifario tendrá por objeto, el diseñar o
actualizar las cuotas y tarifas, observando en todo momento el impacto
en la economía de los usuarios así como en el aumento de los precios de
los bienes y servicios; verificar que las cuotas y tarifas propuestas sean
suficientes para cubrir los costos y gastos derivados de la operación,
mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración de
los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición final de sus aguas residuales; solicitar a la Auditoria Superior
del Estado, a la Comisión Estatal del Agua, al Municipio o al Organismo
Operador la información y asesoría que requieran, para realizar el
análisis o revisión de la estructura tarifaria; aprobar las cuotas y tarifas,
a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior a su
vigencia; proponer políticas públicas para la mejor aplicación de las
tarifas a los usuarios, de acuerdo a los consumos, características y usos
de los predios.
Además, proponer las políticas y lineamientos mediante los cuales será
viable el subsidio de tarifas, cancelación de adeudos, o de sus
accesorios; a efecto de promover y hacer efectivo el derecho al agua
potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos; y hacer propuestas
para la formulación, modificación y aprobación de los sistemas de
cobranza y manejo de los fondos.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Agua; Primera;
y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; y Derechos Humanos,
Igualdad y Género.