Se mantiene firme el decreto para que el ejecutivo cubra adeudo con pensiones del ISSSTE

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En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con 21 votos a favor y 3 en contra, el dictamen que desechó por improcedente la iniciativa que promovía dejar sin efecto el Decreto Legislativo aprobado el 07 de septiembre de 2018 por la Legislatura pasada que autoriza al Ejecutivo del Estado afectar hasta 2.5 por ciento mensual del Fondo General de Participaciones como fuente de pago a favor del ISSSTE para cubrir a nombre y cuenta de la SEGE aportaciones y cuotas correspondientes hasta por mil doscientos veinticinco millones, novecientos seis mil setenta y siete pesos, más intereses, actualizaciones y recargos calculados a la fecha de pago, en términos de la Ley del ISSSTE.

Lo anterior porque el convenio que pueda suscribir el Ejecutivo del Estado con el ISSSTE no compromete de ninguna manera y bajo circunstancia alguna la nómina educativa de los siguientes ejercicios fiscales, y además el pago se realizará del Fondo General de Participaciones que corresponde al Estado.
Además, el Decreto autorizado (el cual continúa vigente con el desechamiento de esta iniciativa) no está en los supuestos para la obtención de algún crédito o financiamiento, por ello, no se transgrede lo mandatado en el artículo 57 de nuestra Carta Magna Local que a letra dispone: Son atribuciones del Congreso: … XIV.- Autorizar al Gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado, siempre que sean para la ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo los que contrate en caso de emergencia por causa de desastre, señalando en todo caso los recursos con que deben cubrirse; según se establece en el dictamen que presentaron las comisiones de Hacienda  del Estado; y Gobernación y que fue aprobado por el pleno del Poder Legislativo.

El dictamen agrega que de igual manera, resulta importante mencionar que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que dice: “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2018 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 10 años. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios que tengan celebrados para la incorporación de sus
trabajadores y familiares derechohabientes al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha ley.” el Estado solicitó la autorización a la LXI Legislatura para suscribir (no es crédito, empréstito o préstamo)
convenio con la referida institución.

Por ello y con fundamento en el párrafo primero del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal Federal que a la letra mandata: “las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas  modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y os Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.”; el Decreto Legislativo 1182 fue  aprobado.

En los antecedentes de este adeudo se señaló que con fecha 18 de mayo de 1992, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) celebraron un Convenio de Incorporación Total Voluntaria acorde a lo previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para otorgar los Seguros, Prestaciones y Servicios a los trabajadores de la educación.

El 28 de agosto de 2009 se suscribió por parte del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el convenio modificatorio al convenio referido en el párrafo que antecede a fin de incorporar la responsabilidad de deudor solidario por
parte del Gobierno del Estado con autorización de la Legislatura Estatal,
garantizando el pago de las contribuciones de seguridad social que se
deben enterar, mediante el descuento de las participaciones que en
ingresos federales le corresponden al Estado por parte del Gobierno
Federal.
Sin embargo, a partir del propio 2008, se estableció en la Ley de Coordinación Fiscal una nueva fórmula para la distribución de recursos en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en la cual no se consideró el pago de la nómina de maestros del Subsistema de Telesecundarias y otros subsistemas de educación pública a cargo del Gobierno del Estado; por lo que con las  modificaciones realizadas, nuestro Estado dejó de percibir una importante cantidad de recursos que al inicio de la presente
administración ascendían a 5,835.8 Millones de pesos al disminuir de un 3.25% del monto total del FAEB Nacional de ese año, a un 2.85% en el año 2014.

Esta afectación por el cambio de la fórmula de distribución tuvo consecuencias negativas en 20 Entidades Federativas al encontrarse desigualdades entre los Estados de la República. Situación que generó déficits anuales continuos, provocando una severa presión sobre las
finanzas públicas estatales que compromete seriamente la viabilidad financiera del sistema educativo de la entidad. La insuficiencia presupuestal fue reconocida finalmente por el Gobierno Federal con la creación del FONE y de acuerdo a la asignación autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, el Estado se posiciona nuevamente en un porcentaje similar al que se tenía en 2007 respecto al presupuesto nacional de un 3.22%. Aunado lo
anterior, la Federación se encarga de realizar los pagos de servicios personales a nombre y cuenta del Estado.