Ciudadanos de Cerro de San Pedro, Real del Potosí, Granjas de la Florida, Los Gómez y 1ª de mayo denuncian la extracción ilegal de agua de pozos en la zona.
Vecinos de diversas comunidades en San Luis Potosí han denunciado la extracción ilegal de agua de pozos en la zona, principalmente a manos de empresas que llenan pipas para su posterior venta. Esta situación ha generado gran preocupación entre los habitantes, ya que temen por la desecación de sus fuentes de agua, el hundimiento del terreno y la contaminación del acuífero.
Las denuncias señalan que la extracción ilegal de agua se ha intensificado desde el inicio de la pandemia, sin que las autoridades hayan tomado medidas para detenerla. Los pozos afectados se encuentran en zonas destinadas al uso agrícola, por lo que no existe permiso para la extracción de agua para fines industriales o comerciales.
La extracción ilegal de agua está teniendo un grave impacto ambiental en la zona. Los pozos están presentando un fuerte abatimiento, lo que obliga a los vecinos a perforar a mayor profundidad para obtener agua. Esto, a su vez, aumenta la concentración de flúor y otros minerales en el agua, lo que representa un riesgo para la salud de los habitantes.
Además, existe el riesgo de hundimientos y fallas geológicas en la zona, como ha ocurrido en otras partes de la ciudad. Esto podría dañar las viviendas y la infraestructura de las comunidades afectadas.
Otra preocupación de los vecinos es la posibilidad de que la sobreexplotación del acuífero permita la infiltración de aguas negras provenientes del Tanque Tenorio. Esto contaminaría las fuentes de agua locales y representaría un grave riesgo para la salud de las personas, por lo que han hecho un llamado a las autoridades para que investiguen la situación y tomen medidas para detener el saqueo de agua. Exigen que se sancione a los responsables y se proteja el vital líquido para las comunidades.
Solamente en Real del Potosí, se estima que se extraen diariamente 900,000 litros de agua de forma ilegal. Si se considera que en cada una de las comunidades afectadas hay por lo menos un pozo con una extracción similar, la cifra se vuelve aún más alarmante. Señalan que la extracción ilegal de agua está poniendo en riesgo este derecho fundamental y exigen que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizarlo.