- Criminalización y represión, mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos sin garantías de seguridad para ejercer su labor en San Luis Potosí
- Presentan Diagnóstico participativo Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de San Luis Potosí[1]
Pese a contar con la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí (LPEPDDHPESLP), por la que se estableció el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2021), dicho mecanismo únicamente ha brindado protección a una persona, identificada como mujer periodista, lo que implica que, aun con la existencia de leyes e instituciones locales, no existe una política integral de protección.
Entre las fallas en su funcionamiento señaladas por mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí, destacan que, no prestan ayuda o asistencia inmediata, no realizan análisis de contexto adecuados, ni son consultadas para comprender y atender sus necesidades, por tanto, se dictaminan medidas que podrían colocarlas en mayor riesgo. En algunos casos las medidas otorgadas les han implicado gastos adicionales, lo que ha contribuido a que se consideren poco útiles, a pesar de ser necesarias.
Para las periodistas y defensoras que se encuentran en desplazamiento forzado, se evidenció la ausencia y falta de planes que garanticen, por un lado, la seguridad y, por otro, que se lleven a cabo con perspectiva de género. Las periodistas desplazadas tienen que implementar sus propias medidas de seguridad.
En este contexto, el Diagnóstico participativo Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de San Luis Potosí, presentado este día, ofrece una serie de recomendaciones para lograr una política de protección integral en el estado.
En 2020, según documentos filtrados por Guacamaya Leaks, la Sedena equiparó, en cuanto al nivel de amenaza que representaban para la seguridad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las colectivas feministas y las defensoras de derechos humanos, entre ellas un grupo de San Luis Potosí, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que evidenció el espionaje al que somete el Estado a las mujeres, equivalente al del crimen organizado.
El contexto electoral agudizó los enfrentamientos y conflictos, lo que aumentó las agresiones y la inseguridad. En las elecciones para gobernador de 2021, con la entrada del “gallardismo” en la entidad, las periodistas y defensoras sufrieron múltiples ataques y la deslegitimación de su trabajo, prácticas avaladas y toleradas por el discurso de criminalización y estigmatización del Ejecutivo federal, principalmente, y estatal también, que les generaron una mayor desprotección y vulnerabilidad.
En 2022, San Luis Potosí registró el mayor número de casos de desaparición, con 171 personas desaparecidas. Los diversos colectivos de búsqueda y las periodistas, evidenciaron el incremento en la desaparición y una falta de infraestructura y de capacidad para atender el problema.
La estigmatización y violencia institucional hacia las víctimas, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, así como hacia las defensoras y las periodistas, fomentan las agresiones en su contra. Contrario a ello, se deben emprender campañas de reconocimiento de las mujeres, su labor y las violencias que enfrentan. Las campañas deben ser accesibles, creadas en distintos formatos, transmitidas por diversas vías, traducidas a todas las lenguas indígenas presentes en el estado y difundidas también en los municipios y regiones del interior.
La defensa y/o acompañamiento de la exigencia de derechos humanos significa un doble riesgo para las mujeres: por ser mujeres y por ser defensoras y, en otros casos se suma ser periodista o buscadora, para ellas, la violencia tiende a ser más extrema cuando las mujeres se organizan.
El feminicidio en 2012 de Karla Pontigo, una estudiante de 22 años, es uno de los más representativos de la violencia e impunidad que existen en la entidad. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió, con relación a su asesinato, la segunda sentencia sobre un caso de feminicidio; el fallo responsabiliza al estado de San Luis Potosí por la falta de perspectiva de género en la investigación, al calificar como accidental la muerte de Karla. En mayo de 2021, una estatua de la joven fue develada frente al Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, en un acto de memoria y dignidad. Al caso de Karla, se suman los de Odalys Anahí Hipólito (2018) y Chuyita Rodríguez (2022) que evidencian la falta de protocolos, de una investigación con perspectiva de género, y la impunidad ante estos hechos.
De acuerdo con Artículo 19, San Luis Potosí se encuentra en el onceavo lugar de entidades con más agresiones en contra de mujeres periodistas durante los tres primeros años de la actual gestión. El registro de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) revela que 197 mujeres periodistas fueron agredidas durante 2023, siete de ellas en San Luis Potosí.
Entre los factores que colocan en riesgo a las defensoras y periodistas, destaca la presencia clara de grupos delictivos y del crimen organizado, la represión y agresiones que han sufrido por parte de diversas autoridades estatales, materializándose en detenciones arbitrarias, así como en múltiples actos de intimidación, criminalización, y violencia, tales como censura a los medios de comunicación para los que laboran, agresiones físicas, ataques digitales y el permanente discurso oficial donde se les estigmatiza y señala como adversarias, hechos que las coloca en una permanente situación de vulnerabilidad que se traduce en permisibilidad para ser agredidas y atacadas.
La cobertura de marchas, en especial las feministas, son eventos de gran riesgo. Durante las marchas, se han enfrentado a actos de represión que se han caracterizado, principalmente, por el uso de gas lacrimógeno y por la presencia de cuerpos policiales.
Frente a los actos de represión, se requiere actualizar y fortalecer los protocolos para que la policía asuma un trato sensible ante el contexto actual. Deben darse a conocer los protocolos de actuación de la policía y evaluar su implementación, así como establecer sanciones ejemplares para las y los funcionarios que violen derechos humanos y las agredan en el ejercicio de sus tareas de seguridad.
La Fiscalía General del Estado (FGESLP) debe atender con la debida diligencia y con perspectiva de género los casos de agresiones, ataques y violaciones a los derechos humanos denunciados por periodistas y defensoras. La oportunidad y exhaustividad tienen que ser los ejes rectores de las investigaciones para garantizar una adecuada protección. Además, debe existir una coordinación real y eficaz entre las policías estatal y municipal, y otras autoridades e instituciones, cuando se dicten y otorguen medidas de protección para de este modo asegurar su adecuada implementación. También es necesario llevar a cabo diligencias efectivas para establecer las líneas de investigación y, con ello, lograr que los hechos no se repitan. Asimismo, la garantía de no repetición debe estar relacionada con actos de disculpa pública y otras acciones que tomen en cuenta las necesidades de reparación integral, por lo que es fundamental consultar a la sociedad civil y la academia, para que conjuntamente se lleven a cabo actos de verdad, dignidad, memoria y reparación.
Se debe garantizar la autonomía del mecanismo de protección estatal para asegurar su imparcialidad e independencia, lo que a su vez lo dotaría de una mayor legitimidad y confianza. Mientras esto sucede, se requiere institucionalizar la figura de un consejo consultivo diverso, con autonomía, con facultades amplias para asumir resoluciones, así como con procesos de selección e integración transparentes.
El Diagnóstico también evidencia los impactos de la violencia y el riesgo permanente para defensoras y periodistas expresada en daños en su salud, en su entorno familiar y social, resultado no solo del contexto general de peligro en la entidad, sino de las propias vivencias de hostigamiento y amenazas por la labor que realizan, así como por las respuestas institucionales insuficientes.
Dichos impactos van desde el estrés y el cansancio crónico, miedo, la angustia y/o el enojo, tristeza, un dolor emocional constante, deterioro constante y paulatino de la salud integral; hasta el miedo permanente de ser víctimas de más o mayores violencias y una sensación generalizada de decepción frente a las instituciones.
Entre otras recomendaciones destacan:
En materia de PREVENCIÓN:
- Sensibilizar y capacitar a las y los funcionarios públicos en derechos humanos y violencia contra las mujeres, de modo que asuman sus obligaciones en materia de protección de forma adecuada, responsable, empática y digna.
- Abrir espacios de formación para defensoras de derechos humanos y periodistas sin centralizarse en la capital (procesos formativos regionales o municipales en zonas como la Huasteca y el Altiplano, y en las distintas comunidades indígenas de San Luis Potosí).
En materia de INVESTIGACIÓN
- Garantizar la participación, en condiciones seguras y dignas, de las periodistas y defensoras para que, a partir de la definición de sus propias prioridades y necesidades de protección, sean acompañadas.
- Incluir efectiva y oportunamente la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo, para conocer los tipos de riesgo a los que se enfrentan considerando el contexto en donde llevan a cabo su labor de defensa y de trabajo periodístico, reconociendo y asumiendo que la violencia a la que están expuestas, es violencia feminicida.
- Realizar análisis de contexto en los que, además de reconocer la condición y la labor de las defensoras y periodistas, se analicen y consideren los escenarios sociopolíticos de la región, se identifiquen las violencias existentes basadas en el género que afectan de forma desproporcionada a las defensoras y periodistas, no solo por su condición de defensoras sino por ser mujeres.
- Crear las articulaciones y acciones necesarias para garantizar un retorno seguro en casos de desplazamiento forzado.
- Contar con mecanismos de sanción y remoción de servidores públicos cuando incurran en faltas o conflictos de intereses, incluido el Mecanismo de Protección Federal, para poder evaluar y monitorear si incorpora oportuna y adecuadamente en los planes de protección la perspectiva de género y los enfoques interseccional y multicultural.
- Garantizar un presupuesto adecuado para la protección de personas defensoras y periodistas.
En materia de ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
- Los espacios de denuncia ante el mecanismo –tanto federal como estatal– deben ser diferenciales, es decir, que puedan contar con espacios seguros sin la presencia de funcionarios hombres y contar con información oportuna y precisa sobre los procesos y medidas a los que pueden acceder las denunciantes, así como protocolos de atención más accesibles y rápidos, y un acompañamiento efectivo a lo largo de todos los procedimientos.
- Adecuado cumplimiento de las medidas de protección por parte de las instituciones, lo que implica, que haya personal capacitado y con enfoque diferencial. Las acciones de protección deben trascender las medidas existentes que se limitan a instrumentos aislados como un botón de pánico, instalación de cámaras, enrejados y escoltas.
- Garantizar e incluir una valoración y atención en salud integral permanente (física y psicológica), y espacios de contención accesibles y oportunos.
- Asegurar apoyos específicos para sus hijas e hijos y a su círculo familiar cercano e incluso, animales de compañía. Asegurar las necesidades básicas de las defensoras y periodistas que se encuentran en refugios y/o en situación de desplazamiento desde un enfoque integral, y establecer una articulación con distintos actores –tanto públicos como privados– para garantizar el empleo y/o la seguridad social cuando hayan perdido su fuente de ingresos a causa de las amenazas o agresiones vividas.
- Construcción de un protocolo de evaluación de las medidas de protección y su implementación, así como un observatorio de atenciones brindadas por el mecanismo –tanto estatal como federal–, enfocados no solo a la adecuación de las acciones dirigidas a las defensoras y periodistas, sino a la transparencia y el uso apropiado de los recursos.
- Contar con un fondo de emergencia para elaborar estrategias de prevención, protección, reconocimiento y promoción de la labor de defensa de derechos humanos y el trabajo periodístico.
- Dotar de una estructura administrativa al mecanismo estatal, por lo que se debe impulsar a través de la legislación el fortalecimiento del organismo.
En materia de REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
- Se debe contar con una verdadera articulación entre las distintas instituciones encargadas de la atención a víctimas para garantizar el acompañamiento integral y brindar oportuna y adecuadamente las medidas necesarias de asistencia, ayuda, protección y reparación.
- Todas las defensoras y periodistas víctimas de agresiones, ataques o algún otro delito, deben ser resarcidas de manera diferenciada, transformadora y efectiva, para lo cual tiene que elaborarse un plan de reparación integral con perspectiva de género e interseccional y enfoque diferencial.
- Contar con espacios de atención en salud integral (física y psicológica), así como otras medidas de rehabilitación –que incluyan aspectos sociales, laborales y académicos– que permitan a las defensoras y periodistas recuperar y/o reformular sus proyectos de vida.
- Las instituciones, a nivel federal y estatal, tienen que adoptar –de manera activa y efectiva– un discurso que dignifique y reconozca el trabajo de las defensoras y periodistas, así como la violencia diferenciada que experimentan, y que manifiesten un rechazo a estas prácticas.
- Construcción de un registro público de agresores de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas para garantizar que se inicien procesos contra el Estado y sus agentes, quienes son los principales atacantes, que deriven en sanciones ejemplares como medida de no repetición.
- Contar con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia también en las instancias de atención y reparación para la evaluación e implementación de los planes de reparación integral, y para que de forma oportuna se identifiquen omisiones o faltas a la debida diligencia y/o a la incorporación de la perspectiva de género.
[1] En el marco del Proyecto “Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia”. Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.