En un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, el partido gobernante Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, aprobó una reforma judicial que busca someter a voto popular la elección de jueces federales, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, marca un punto de inflexión en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y ha generado una intensa controversia en el país.
La sesión, que se llevó a cabo en una sede alterna debido a la toma de la Cámara de Diputados por empleados del Poder Judicial, transcurrió en un ambiente tenso y con fuertes medidas de seguridad. Los legisladores oficialistas se reunieron en un polideportivo en el oriente de la Ciudad de México, resguardados por decenas de policías capitalinos. El improvisado recinto fue escenario de un prolongado debate que se extendió hasta la madrugada del miércoles, culminando con la aprobación de la enmienda por 359 votos a favor y 135 en contra.
El presidente López Obrador celebró la aprobación de la reforma durante su conferencia matutina, calificándola como una «muy buena noticia». La enmienda ahora pasará al Senado, donde se espera que sea ratificada sin mayores obstáculos, dado el control que Morena y sus aliados mantienen en esa cámara.
Los partidos de oposición, encabezados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votaron en contra de la reforma, argumentando que esta medida representa un golpe a la independencia del Poder Judicial y podría llevar al país hacia una autocracia. A lo largo del debate, los opositores denunciaron la falta de garantías y las condiciones precarias en las que se realizó la sesión, señalando que la votación se dio en un contexto de ilegalidad.
Por su parte, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la reforma, argumentando que el Poder Judicial se había convertido en un «instrumento de la derecha» y que era necesario devolver el control del sistema judicial al pueblo mexicano. Monreal desestimó las críticas de la oposición, acusándolos de ser «la decadencia de este país» y afirmando que la reforma judicial es un paso hacia la consolidación de un sistema de justicia más democrático y accesible.
La reforma judicial ha sido vista como la culminación del proyecto político de López Obrador, quien ha promovido cambios profundos en el sistema político y judicial del país desde que asumió el poder en 2018. A pocas semanas de dejar la presidencia, el mandatario busca consolidar su legado con esta enmienda que, de ser ratificada por el Senado, podría transformar radicalmente la estructura del Poder Judicial en México.
Sin embargo, la aprobación de la reforma no ha estado exenta de controversias. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en derecho han expresado su preocupación por las implicaciones de someter la elección de jueces al voto popular, advirtiendo que podría comprometer la independencia judicial y politizar aún más el sistema de justicia.
En las próximas semanas, el Senado tendrá la tarea de ratificar o rechazar la enmienda aprobada por los diputados. Con la mayoría oficialista también presente en esa cámara, es probable que la reforma sea aprobada, marcando el inicio de una nueva era en la administración de justicia en México.
