Diputados de SLP aprueban a prisa reforma judicial, acusan violaciones a procedimientos
  • Legisladores del PVEM imponen dictamen en comisiones sin previo aviso del Senado

En una sesión marcada por la controversia, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó este miércoles el dictamen de la reforma judicial, a pesar de que el Senado de la República aún no ha notificado oficialmente su aprobación. La decisión de someter a votación el dictamen en un periodo extraordinario de sesiones, convocado para el próximo 13 de septiembre a las 15:00 horas, ha generado críticas por parte de la oposición, que acusa violaciones a los procedimientos parlamentarios.

La propuesta de aprobar la reforma fue presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezada por la diputada Cecilia Ochoa Limón, y fue aprobada por mayoría en asuntos generales, a pesar de no estar incluida en el orden del día.

El diputado panista Rubén Guajardo Barrera denunció que esta decisión representa un grave atropello a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso del Estado. «No estoy de acuerdo en que se violen las normas que nosotros mismos nos hemos dado. ¿Qué ejemplo estamos dando si no respetamos nuestras propias leyes?», cuestionó el legislador.

Guajardo Barrera resaltó que la falta de notificación oficial por parte del Senado de la República evidencia la prisa con la que se busca aprobar la reforma en el estado. «Es evidente que existe una intención de acelerar el proceso sin tomar en cuenta las implicaciones de esta importante reforma», señaló.

Por su parte, el diputado de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, había anticipado que San Luis Potosí sería uno de los primeros estados en aprobar la reforma judicial, siguiendo las indicaciones del gobierno federal. Sin embargo, los legisladores de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo ya se les adelantaron.

La aprobación de esta reforma en el Congreso del Estado ha generado un intenso debate sobre la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a los procedimientos legislativos. Los opositores a esta iniciativa argumentan que se está limitando el tiempo para analizar a fondo las implicaciones de la reforma y que se está dejando de lado la opinión de los ciudadanos.

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