Japón, conocido por su alta longevidad y baja natalidad, enfrenta un fenómeno social preocupante: un creciente número de adultos mayores cometen delitos menores para ingresar a prisión. Este comportamiento refleja problemas estructurales como el aislamiento social, la pobreza y un sistema de bienestar insuficiente para muchos.
El envejecimiento de la población carcelaria es un reflejo del envejecimiento general del país. En la prisión de mujeres de Tochigi, la más grande de Japón, es común ver internas de edad avanzada recibiendo ayuda para alimentarse, caminar y tomar medicamentos. Para algunas, la cárcel ofrece una estabilidad que no encuentran fuera, en una vida marcada por el abandono y la precariedad económica.
Según datos de la OCDE, el 20% de las personas mayores de 65 años vive en pobreza en Japón. Para quienes sobreviven con pensiones mínimas, el robo puede ser un acto desesperado más que delictivo.
Ante este panorama, las prisiones japonesas han tenido que adaptarse. En las últimas dos décadas, la población carcelaria de adultos mayores se ha cuadruplicado, lo que ha llevado a la implementación de servicios de cuidado a largo plazo. Los guardias ahora cumplen roles de cuidadores, asistiendo en higiene personal, supervisión de medicamentos y cambio de pañales.
Este fenómeno pone en evidencia la necesidad de medidas urgentes para abordar las desigualdades sociales y garantizar un sistema de bienestar que proteja a los más vulnerables.