El proceso de selección para la elección judicial en San Luis Potosí ha quedado envuelto en cuestionamientos y polémicas. José Luis Ruíz Contreras, actual Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, reconoció que no cumple con el requisito de haber dejado la titularidad de la Fiscalía General del Estado con al menos un año de anticipación. Sin embargo, argumentó que un «conflicto de derechos» le ha permitido seguir en la contienda.
A pesar de su participación en este proceso, Ruíz Contreras aseguró que continuará en su cargo mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona o las leyes no indiquen lo contrario. «Seguimos al pendiente de toda la operatividad y fortaleciendo la institución día a día», sostuvo.
Por otro lado, el proceso de selección ha sido severamente criticado por el presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad, Efraín Torres Salazar, quien señaló que los comités de evaluación no actuaron con apego a derecho. Denunció que la convocatoria presentó fallas desde el inicio, estableciendo solo parámetros básicos sin un mecanismo de evaluación riguroso. «No se hizo un análisis profundo de las capacidades de los aspirantes, ni se estableció un examen que validara su experiencia jurídica», acusó.
Esta falta de filtros y la limitada participación de abogados en el proceso han dejado en indefensión a la ciudadanía, sin vías legales claras para impugnar las decisiones tomadas. «Los aspirantes descalificados no recibieron una justificación y, aunque podrían recurrir al amparo, a nivel nacional se han bloqueado estas posibilidades», advirtió. En medio de estos señalamientos, el proceso de selección sigue su curso, pero las dudas sobre su transparencia y legitimidad no hacen más que crecer.
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