La legalización no basta si el Estado no pone los medios: la muerte de una joven potosina evidencia el abandono institucional en torno al aborto seguro.
Una joven potosina murió el pasado viernes luego de someterse a un procedimiento para interrumpir su embarazo en un consultorio clandestino ubicado en la colonia Fovissste. La Fiscalía General del Estado confirmó que el lugar operaba sin autorización y que el aborto fue practicado por personal no capacitado.
El médico responsable huyó tras el hecho, dejando a la víctima al cuidado de una asistente sin preparación alguna. La fiscal Manuela García Cázares señaló que la joven tenía más de 12 semanas de gestación y que el procedimiento debió realizarse en un entorno médico especializado. “La necropsia reveló que aún había restos del feto en el útero. La víctima falleció en el trayecto al hospital”, declaró.
Mientras la justicia intenta dar con el responsable, colectivos feministas denuncian que este caso no es una excepción, sino una consecuencia directa del abandono institucional. Desde que la despenalización del aborto entró en vigor en San Luis Potosí hace más de cinco meses, el estado no ha creado condiciones reales ni dignas para que las mujeres puedan ejercer este derecho de forma segura.
“El aborto es legal, pero sigue siendo inaccesible. Las mujeres se ven obligadas a recurrir a lugares clandestinos por miedo, por falta de información o porque simplemente no hay clínicas seguras que las atiendan”, reclamó el colectivo Marea Verde SLP.
Además, exigen al gobierno potosino dejar de mirar hacia otro lado y actuar con urgencia: instalar servicios médicos especializados, capacitar personal, supervisar clínicas privadas y garantizar campañas de información pública sobre el derecho al aborto.
San Luis Potosí no solo llega tarde a la despenalización: también llega tarde a la vida y a la salud de las mujeres que, como esta joven, ya no están aquí para exigir lo que el Estado les negó.
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