En un nuevo episodio de «Quisiéramos pero no podemos», el Congreso del Estado admitió que aún no puede realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas. ¿La razón? No es falta de voluntad, aseguran, sino falta de recursos. Eso sí, apenas necesitan unos modestos 3 millones de pesos más para poder cumplir con lo que la ley y los derechos humanos exigen.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Héctor Serrano Cortés, explicó con toda seriedad que “no hay forma de establecer una consulta” sin ese dinerito extra. Según dijo en entrevista, ya se hicieron todas las gestiones posibles, se conversó con la Secretaría de Finanzas y ahora solo queda esperar a ver si les cae el presupuesto. “Estamos en espera de tener el recurso necesario”, afirmó Serrano Cortés, quien también aseguró que ya tienen un cálculo bien hecho: no rebasarían los 3 millones. Eso sí, prometieron que están revisando cómo “economizar”.
Mientras tanto, la ausencia de diputados en las oficinas administrativas del Congreso fue rápidamente justificada. Según el presidente de la JUCOPO, los legisladores están muy ocupados realizando “trabajo territorial” (visitas a sus distritos y actividades varias). No, no es que estén de vacaciones: es que trabajan mejor fuera de sus oficinas.
Serrano Cortés también aprovechó para presumir que el trabajo legislativo sigue “muy coordinado” entre los grupos parlamentarios y que todo se maneja “a través del consenso”. Eso sí, sin presupuesto, sin consultas y con diputados invisibles… pero con mucho consenso.
Así, entre reuniones, esperas y consensos, el Congreso del Estado sigue pateando la responsabilidad de consultar a los sectores más vulnerables, en nombre de la austeridad, la coordinación y, claro, el eterno trámite.