SLP.- Celia García Valdivieso, abogada, activista y directora del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruíz García en San Luis Potosí quien recientemente buscó junto con otras ocho candidatas la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado y quedó como una de las tres finalistas en un proceso criticado por su alto grado de imperfección, interpuso un amparo en contra del proceso y espera tenga una resolución en tres meses aproximadamente.
«No estoy empecinada en estar en este puesto, ni tampoco tengo intención de causar inestabilidad, yo a la nueva titular (Giovanna Itzel Argüelles Moreno) le deseo éxito porque si a ella le va bien a las víctimas les va a ir bien y nosotros siempre luchamos por las víctimas. Lo que pasa es que somos defensoras y no podemos dejar que las ilegalidades pasen sin levantar la voz», comentó.
Afirmó que luego de la elección presentó este amparo ante un juez de Distrito por considerar que el procedimiento presenta una serie de irregularidades, violaciones al proceso de elección y vulneración a la ley, a los tratados internacionales y a la convocatoria misma.
Indica que como hubo violaciones al procedimiento debe realizar nuevamente el proceso de elección,
“…todas las autoridades están obligadas a respetar la ley, y cuando se vulnera la ley en un proceso de elección uno de los efectos es que se concede el amparo para que se reponga el procedimiento que estuvo viciado por alguna irregularidad como es el caso».
Comentó que este procedimiento de amparo no es en contra de la actual titular, «…en realidad es en contra de la vulneración a las leyes que los diputados debieron seguir en el procedimiento. Hay dos principios fundamentales que es el de legalidad (y que consiste en que ningún funcionario público puede hacer lo que no está en la ley); y el otro es el de debido proceso, (es decir, consiste en que se sigan las formalidades de los procedimientos que estén plasmadas en las leyes) y ninguno de los dos se respetó», comentó la activista.
Relató que los legisladores estuvieron haciendo ajustes que estuvieron fuera de la legalidad, por ejemplo: aceptaron cartas de antecedentes penales emitidas por autoridades no previstas, además de haber bajado un dictamen que ya había sido votado en el que quedaban tres finalistas, para que se volviera a votar de nueva cuenta por las nueve participantes, algo inaudito y fuera de la ley totalmente; luego la convocatoria señala que se debe hacer un análisis del currículum de las participantes y algunos de los legisladores aceptaron en tribuna que no habían revisado los antecedentes de las participantes,
“…junto con todo el procedimiento incorrecto tuvimos intromisiones de diversos actores que le fueron poniendo más factores a la ilegalidad. También decía la ley que se debía preferir a una persona apartidista y no se hizo», señaló.
Lo que se hace en este amparo es recoger las violaciones para exponerlas al juez y que tome su determinación.
Por último dijo que valoraría su participación de nueva cuenta en un nuevo procedimiento en caso de que se decidiera repetir el proceso.
Hizo un llamado a la Legislatura para que se conduzca con legalidad evitando actos de corrupción, presión y de ignoracia como los que se vivieron en el proceso de elección.