“Nula credibilidad tienen los dichos vertidos hoy por el equipo de entrega de la administración municipal saliente, porque intentan engañar a la ciudadanía, afirman darle voz a todas las fuerzas políticas, pero nombran a una ex candidata de MORENA como representante del PAN para este proceso”.
Así lo precisó Edgardo Jasso Puente, dirigente municipal del PAN capitalino, quien lamentó que a 45 días del final de la administración, se haya hecho caso omiso a la solicitud de las y los regidores de Acción Nacional, quienes propusieron como su representante para este proceso a Karina Benavides.
Dicha solicitud no tuvo eco y no fue puesta al consenso del Cabildo capitalino y así, arbitrariamente se decidió designar a la regidora Nadia Viera, quien fuera candidata de MORENA a una regiduría de representación proporcional y por lo tanto, no puede representar al PAN durante este proceso.
“Hoy se habla sobre un proceso inédito y lo es, porque continúan actuando como ajustadores de cuentas contra Acción Nacional y se alejan de su compromiso por entregar cuentas claras y transparentes a la ciudadanía, donde todas las voces estén representadas”.
Jasso Puente declaró que el mensaje que se envió hoy a la ciudadanía expresa incongruencia, irresponsabilidad y opacidad y remarcó que no se trata únicamente de que el PAN cuente con un representante en el equipo de entrega, sino de analizar con lupa el estado de la administración que dejan a Enrique Galindo Ceballos.
“Vamos a apoyar desde todas las aristas al Alcalde electo y ello implica exigir un espacio de representación para Acción Nacional en la comisión de entrega, ésta es la forma que los dichos del evento de hoy encuentren legitimidad en los hechos”, dijo el dirigente municipal.
Edgardo Jasso coincidió con lo dicho hoy sobre el final de las campañas políticas y con ello pidió que se actúe en congruencia alejado de cualquier resentimiento y se brinde el espacio que Acción Nacional tiene derecho en la comisión de entrega.
Por último hizo mención que el proceso entrega – recepción es un ejercicio jurídico y administrativo que la ley obliga y que debe de llevarse de manera institucional en aras de cumplir con transparencia y responsabilidad el cierre de la administración municipal.