Escrito por Daniela Olivares
San Luis Potosí, SLP.- Esta semana en el Congreso del Estado, la diputada Emma Idalia Saldaña revivió el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo, en sus declaraciones dejó entrever que probablemente el año que entra la actual Legislatura estará analizando el tema; en ese sentido este día el Secretario General de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, fue cuestionado al respecto sí la administración estatal considera importante que el Congreso avance en este tema, a lo que el funcionario respondió que el tema del aborto no se debe politizar y que se deben tomar decisiones de acuerdo a las realidades que la sociedad vive en la actualidad.
Reconoció que quizás las legislaturas pasadas y la actual no han querido abordar el tema del aborto puesto que podría ser considerado como una problemática poco rentable políticamente. Sin embargo remarcó que «al final del día, a veces nos vemos atrapados en situaciones donde no es que quieras o no, es que simplemente son cosas que tarde o temprano van a llegar».
Torres Sánchez descartó que el poder Ejecutivo vaya a incidir promoviendo la legalización de la interrupción del embarazo y comentó que «la decisión ellos (de los diputados) la tomarán, nosotros somos respetuosos, el interés del estado es que todos los adolescentes y todas las personas seamos responsables en el tema de la reproducción; que estemos bien informados, bien impuestos y sobre todo, bien definido de lo que implica ser padre o madre».
Cabe resaltar que desde el pasado 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo que criminaliza el aborto en cualquier etapa del embarazo; y fue el primero de junio del 2023 que el colectivo Interrupción Legal del Embarazo SLP (ILE) presentó ante el Congreso una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, misma que no ha sido dictaminada por las respectivas comisiones.
Actualmente el estado potosino no ha homologado esta ley y en San Luis Potosí se siguen aperturando carpetas de investigación contra mujeres que cometen aborto, siendo castigadas con penas que van de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), es decir, de 10 mil 374 a 31 mil 122 pesos.
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