San Luis Potosí se encuentra atrapado en la parálisis legislativa, mientras la «Ley Santi» sigue acumulando polvo en los escritorios del Congreso del Estado. Tras un año de indiferencia por parte de los diputados, colectivos y ciudadanos organizaron una «anti-celebración» en el Jardín Hidalgo, a las puertas del recinto legislativo, para exigir la pronta aprobación de esta iniciativa que busca reducir muertes y lesiones por siniestros viales.
El evento, que se transformó en una contundente denuncia ciudadana, incluyó un simbólico «pastel de la indiferencia» con la frase «1 año de omisión», juegos como voleibol y salto de cuerda, y la participación de niños, jóvenes y adultos que tomaron el espacio público para visibilizar la negligencia de las autoridades. «Ojalá sea el primer y último cumpleaños que le hacemos a la ‘Ley Santi’, no debió haber cumplido años», expresó una de las asistentes, resumiendo el hartazgo de una comunidad que ha esperado demasiado por una legislación que garantice seguridad vial para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y personas con discapacidad.
La «Ley Santi» lleva el nombre de Josué Santiago, ciclista víctima de un siniestro vial, y ha sido respaldada por colectivos como Pedaleando SLP, Derechos Urbanos, Vidas sobre Ruedas y Abogada Disruptiva. Su objetivo es garantizar la seguridad vial mediante la implementación de medidas concretas como la reducción de velocidades máximas en zonas urbanas, el diseño de infraestructura segura para peatones y ciclistas, y la creación de programas educativos sobre movilidad responsable. Además, contempla la capacitación obligatoria de conductores del transporte público y la inclusión de criterios de movilidad segura en los planes de desarrollo urbano.
Sin embargo, el Congreso del Estado sigue sin discutir ni aprobar la iniciativa, argumentando falta de presupuesto para realizar una consulta ciudadana. «La falta de presupuesto no puede ser una excusa para postergar una ley que puede salvar vidas», denunció Josué Santiago, quien además hizo un llamado a los municipios para que revisen sus políticas de movilidad y colaboren en la implementación de la ley.
A pesar de la negligencia legislativa, la «Ley Santi» sigue sumando apoyo de instituciones académicas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Polítécnica Nacional y el Colegio de San Luis, así como de taxistas, transportistas y autoescuelas. San Luis Potosí sigue rezagado en seguridad vial, con una de las tasas más altas de siniestros en el país. Mientras el Congreso mantiene su inacción, las calles continúan cobrando vidas. La exigencia ciudadana es clara: la «Ley Santi» no puede seguir esperando.
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