La persistente lucha de las colectivas feministas por la despenalización del aborto en San Luis Potosí ha dado un giro significativo. Ante el estancamiento legislativo, estas organizaciones han encontrado una nueva vía para hacer avanzar sus demandas: la justicia electoral.
Este jueves, se conoció que el juicio número TESLP/JDC/94/2024, interpuesto por Diana Idalia Montiel Espinoza, Alejandra Mendoza Araiza y Nuria Carmina Serrano Arriaga, integrantes de la Colectiva Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en San Luis Potosí, ha sido admitido a trámite. La magistrada Yolanda Pedroza Reyes será la encargada de elaborar el proyecto de resolución que podría sentar un precedente histórico en la entidad.
Las colectivas feministas argumentan que la omisión del Congreso en tramitar las iniciativas ciudadanas representa una violación a sus derechos políticos. Al acudir al TESLP, buscan que se reconozca este incumplimiento y se obligue al poder legislativo a cumplir con su función de representar la voluntad de la ciudadanía.
Este caso podría marcar un precedente en la lucha por los derechos reproductivos en el estado. Si el tribunal falla a favor de las colectivas, se estaría estableciendo un mecanismo legal para presionar a los legisladores a abordar temas considerados tabú o controvertidos.
Aunque las colectivas feministas aún no se han pronunciado oficialmente sobre el proyecto de resolución, se espera que sigan de cerca el proceso y estén preparadas para intensificar sus acciones en caso de ser necesario. No se descarta la posibilidad de nuevas manifestaciones o movilizaciones para presionar al tribunal y a los legisladores.
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