El Congreso del Estado consultará a 430 pueblos y comunidades indígenas para reformar 18 ordenamientos legales, como lo ordena la Constitución Política del Estado, en un proceso amplio, complejo y necesario para darle validez no solamente a la reforma en materia electoral sino a otras iniciativas que se analizan en comisiones.
Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aprobaron un techo financiero de cinco millones de pesos, que se destinarán a la realización de la Consulta Indígena a todas y cada una de las comunidades y pueblos con esas características en el estado de San Luis Potosí, tal y como lo mandatan las leyes.
Para la realización de este amplio trabajo, se debe integrar un órgano técnico operativo, desplazar personal a esas 430 comunidades reconocidas, recopilar las propuestas, procesarlas y analizarlas para determinar las que se incluirán en las 18 leyes que serán reformadas, ya que no solamente se trata de la Ley Electoral del Estado.
La presidencia de la JUCOPO recordó que la no consulta a los pueblos indígenas generó que se declarara inconstitucional la Ley Electoral en la Legislatura anterior y por lo tanto, los procesos electorales se rigieron bajo el marco jurídico votado en 2017, que estaba fuera de actualidad.
Se generó un trabajo importante en reforma política en la Legislatura anterior que fue desechada; la consulta es compleja porque hay una gran diversidad de pueblos y comunidades, 430 tienen que ser consultadas, requiere de mucho esfuerzo y personas para poder lograr hacer un trabajo eficiente y legal para que pueda ser considerado como una consulta válida.
En base a la experiencia de los techos financieros utilizados en la Legislatura anterior y lo utilizado por el Gobierno del Estado para este proceso, la JUCOPO aprobó un techo financiero de cinco millones de pesos, para la realización del trabajo de campo, diagnóstico, consulta, procesamiento, contratación de quien realizarán el trabajo y todo lo que implica un reto de esta magnitud.
No solamente se va a consultar en materia electoral sino otros 18 temas relacionados a las iniciativas pendientes de consulta sobre diversas reformas a leyes, lo que pone de manifiesto el tamaño de la responsabilidad que representa esta responsabilidad.
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