El gobierno de San Luis Potosí ha anunciado la suspensión de la maestra encargada del grupo donde ocurrió un alarmante caso de acoso escolar en la telesecundaria “Plan de Ayala”, en Rioverde. La medida, presentada como parte de una serie de acciones “integrales” por el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.
El caso estalló luego de que videos en redes sociales mostraran cómo al menos cuatro estudiantes ataban de pies y manos, amordazaban y amenazaban a un compañero con ser rociado con orina, mientras otros vigilaban la puerta y grababan el abuso. Las imágenes, pronto fueron difundidas en redes sociales, provocando que otra vez San Luis Potosí se convirtiera en una historia viral por un caso de abuso por «diversión», siendo la última historia la de dos jóvenes aventando un cohete a una persona en situación de calle en Ciudad Valles.
Según el boletín oficial, además de la suspensión de la docente, se tomó la decisión de reubicar a los agresores en otra escuela—una medida que garantiza su derecho a la educación, pero ¿qué hay del derecho de otros estudiantes a un ambiente seguro? La víctima, por su parte, recibirá acompañamiento psicológico y su caso será investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El gobierno también adelantó que padres y madres de familia podrían ser llamados a declarar, aunque no especificó si habrá consecuencias más allá de la reubicación de los agresores y la destitución de la maestra. Mientras tanto, la comunidad sigue preguntándose: ¿quién asume la responsabilidad real por estos hechos?
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