Castillo Montero informó que en lo que va del año 2022, la institución ha otorgado 258 medidas de protección a mujeres

SLP. – La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, Evangelina Castillo Montero, informó que en lo que va del año 2022, la institución ha otorgado 258 medidas de protección a mujeres que viven algún tipo de violencia en San Luis Potosí.

“Llevamos 258 medidas de protección otorgadas y 10 de ellas se pueden judicializar, por lo que damos el seguimiento respectivo con nuestro personal”, aseveró.

Castillo Montero explicó que dicho parámetro de protección está estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y ayuda al Ministerio Público a salvaguardar la integridad de las denunciantes, ya que son ratificadas por el Juez; ahí reside su importancia.

“Una de ellas consiste en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas, esta medida es judicializable; que quiere decir que dentro de los cinco días siguientes a los que se emite la medida, se lleva ante el Juez de Control para que determine si es ratificada o no dicha medida”, dijo.

De igual manera, aseguró que la importancia de analizar cada caso, es que, en algunas ocasiones es necesario que las autoridades intervengan de manera inmediata para evitar que el presunto agresor continúe con estas acciones, por lo que se le separa del domicilio familiar.

“Esta medida la dictamos preferentemente cuando hay menores de edad, y si la señora salió del domicilio por la agresión, llevándose a sus menores hijos; entonces se privilegia el interés superior del menor, que es a vivir en un lugar seguro. En este caso se saca al agresor del domicilio y se reincorpora a la víctima y a sus hijos”, declaró.

Por último, afirmó, que se mantiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para ofrecer apoyo a las víctimas desde el inicio de la carpeta de investigación, contando con un módulo de atención en sus instalaciones.

“Por parte de Seguridad Pública del Estado acuden y le dan un número de teléfono directo a la víctima, para que en caso de que el agresor acuda a ella, pueda solicitar el auxilio y llegan las corporaciones. Esta medida no es judicializable, pero la dictamos en casi todas las carpetas de investigación; de hecho, aquí tenemos un módulo en donde están los compañeros para darles la atención desde el inicio de la carpeta a las usuarias”, concluyó.

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