- Administraciones estatales pasadas no enteraron retenciones realizadas a trabajadoras y trabajadores, ni el recurso presupuestado para la dependencia.
La Dirección General de Pensiones enfrenta pasivos por más de mil 200 millones de pesos, derivado de los malos manejos y omisiones en que incurrieron las pasadas administraciones gubernamentales, a quienes podrían fincárseles responsabilidades administrativas y penales por la difícil situación financiera en que dejaron la dependencia.
Lo anterior lo informó el titular de la Dirección, Jorge Alberto Escudero Villa, quien precisó que entre las anomalías que se han detectado se encuentran retenciones de diversa índole que no fueron enteradas a Pensiones y la falta de entrega del recurso presupuestado para la dependencia.
Otra situación que ha contribuido al difícil escenario financiero en el que se encuentra la Dirección de Pensiones es el hecho de que no se llevaron a cabo las reformas legislativas necesarias, específicamente en el Fondo de Pensiones de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no obstante que desde 2014 se preveía el inminente agotamiento de los recursos del mismo.
Escudero Villa declaró que lo anterior es parte de la herencia maldita que ha quedado al descubierto dentro del proceso de Entrega-Recepción de los recursos públicos del Estado, auditorías y de estudios actuariales realizados en la Dirección de Pensiones que arrojaron un pasivo de más de mil 200 millones de pesos.
Consideró la situación actual de la Dirección como sumamente delicada, en cuyo rescate se trabaja a través de acciones interinstitucionales con las dependencias involucradas. “Estos actos que se llevaron a cabo a través de los años pueden incluso hoy implicar responsabilidades administrativas y penales”, expresó el funcionario estatal.
Destacó que, atento a esta situación, el Mandatario Estatal, Ricardo Gallardo Cardona giró instrucciones específicas para que se implementen las acciones necesarias que garanticen las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la mano de las dirigencias sindicales que conforman la Junta Directiva de la Dirección General de Pensiones, en un marco de respeto y transparencia en la toma de decisiones.
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