Estudiantes y padres de familia de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Venustiano Carranza, se han manifestado en las últimas semanas para exigir una solución a la falta de validez oficial de sus estudios. La universidad, que opera desde 2021 bajo la razón social de Educación Universitaria San Luis Potosí, S.C., no cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que significa que los títulos y cédulas profesionales que se otorgan no tienen validez legal para ejercer la medicina.
Los afectados señalan que han pagado durante cuatro años o más una mensualidad fija para concluir sus estudios, y que se enteraron recientemente de la falta del REVOE. Exigen una indemnización y que las autoridades estatales les reconozcan la validez de los estudios cursados, a pesar de las irregularidades de la universidad.
Por su parte, la Universidad Potosina, emitió un comunicado asegurando que solo imparten clases en avenida Constitución 805, deslindandose de las instalaciones en Carranza, además aseguran que ofrece 20 programas de licenciatura con registros oficiales, como el REVOE otorgado por la Dirección de Acreditación y Revalidación de la SEP y por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. También garantizan que sus programas y laboratorios de simulación en el edificio central cumplen con las certificaciones y la cobertura de necesidades de infraestructura y equipamiento necesarias.
En las últimas semanas, los estudiantes y padres de familia se han reunido con funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Secretaría General de Gobierno para buscar una solución. Las autoridades han comprometido a facilitarles duplicados de sus certificados de estudios previos y a darles acompañamiento a quienes decidan denunciar.
Sin embargo, las posibilidades de obtener un certificado válido dependen de la voluntad de regularizar la universidad por parte del rector José Arturo Segoviano García, y de que obtenga los permisos correspondientes del gobierno federal. En este caso, al ser una carrera del área de la salud, el proceso de regularización es más complejo y requiere la Opinión Técnica Favorable (OTA) por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFHRS).
La situación actual es incierta para los estudiantes afectados. Si la Universidad Potosina no se regulariza, la SEGE no podrá expedirles certificados válidos. En el mejor de los casos, solo 25 de los aproximadamente 400 estudiantes podrían obtener un certificado parcial de materias si la universidad se regulariza. El resto de los estudiantes tendría que comenzar sus estudios desde cero en otra institución.
Los padres de familia exigen sanciones para el rector José Arturo Segoviano García por «estafar» a los estudiantes durante años. Argumentan que las autoridades educativas no han hecho lo suficiente para evitar este tipo de situaciones.
Las autoridades se han comprometido a seguir buscando soluciones para los estudiantes afectados. Se están llevando a cabo reuniones con otras universidades para explorar la posibilidad de revalidar los estudios, y se está brindando apoyo legal a quienes decidan presentar una denuncia.
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