A pocos días del 8 de marzo (8M), la colectiva «Movilización vivas nos queremos San Luis Potosí» ha lanzado un contundente posicionamiento en el que denuncia las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), José Luis Ruiz Contreras. La colectiva exige que las autoridades respeten el derecho a la protesta y se abstengan de criminalizar las manifestaciones feministas.
El documento, dirigido a diversas instituciones de seguridad y derechos humanos, así como a medios de comunicación y a la opinión pública, subraya que «el derecho de protesta y manifestación es un mecanismo legítimo de expresión para la exigencia de nuestros derechos». Asimismo, advierte que cualquier uso de la fuerza contra las asistentes sería una violación a sus derechos.
Uno de los puntos más preocupantes para las activistas es el discurso estigmatizante de las autoridades hacia el movimiento feminista. Por ello, exigen que la SSPC y otras instancias se abstengan de hacer declaraciones que deslegitimen las movilizaciones en contra de la violencia de género.
Además, recalcan la necesidad de que las autoridades garanticen la seguridad de las asistentes y actúen bajo estándares internacionales de derechos humanos. “Denunciamos la ilegalidad de cualquier intervención de esta Secretaría y recordamos que parte de sus funciones es garantizar la seguridad de todas las asistentes”, enfatiza el documento.
Sobre las pintas y modificaciones de monumentos en el marco de las protestas feministas, la colectiva deja claro que estos actos son «manifestaciones de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos o vandálicos que justifiquen el uso de la fuerza pública o detenciones antes, durante y después de la manifestación».
Asimismo, la colectiva hace un llamado a periodistas y aliadas a documentar cualquier intervención de elementos de seguridad pública durante la marcha, para prevenir abusos y represión. También solicita la presencia de observadores de derechos humanos, instando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Municipal de Derechos Humanos a formar parte de este proceso.
Por su parte, el titular de la SSPC, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que se brindará acompañamiento durante toda la marcha para garantizar la seguridad de las participantes y evitar infiltraciones que generen actos ajenos a la protesta. «Definitivamente se hará un acompañamiento en todo el recorrido que realicen los colectivos de mujeres», afirmó, destacando que ya se ha dialogado con el mecanismo estatal correspondiente para coordinar el operativo.
El protocolo de seguridad, según Ruiz Contreras, seguirá el modelo de la Ciudad de México, con agentes mujeres encargadas de la vigilancia a distancia, sin intervención directa en la manifestación. Además, reiteró que el objetivo es no obstaculizar el derecho a la protesta y garantizar que «la manifestación sea libre».
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