Grupos étnicos celebran fallo del TEE; Ayuntamiento lo acatará, pero lo ve como botín político

Representantes de los pueblos Mazahua, Otomí, Mixteca Baja, Tének y Náhuatl, expresaron en rueda de prensa esta mañana, estar de acuerdo tras la revocación del nombramiento de Palmira Flores García como titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas. La decisión del Tribunal Electoral del Estado (TEE), lo que obliga al Ayuntamiento a reponer el proceso, garantizando la participación de los pueblos originarios «Nosotras, las mujeres indígenas, estamos contentas, porque el Tribunal hizo justicia», proclamaron con firmeza señalaron.

El fallo, emitido el 26 de marzo, declaró inválido el proceso por no haber traducido la convocatoria a las lenguas indígenas, lo que vulneró los derechos políticos de las comunidades. La sentencia establece que el Ayuntamiento capitalino tiene seis meses para emitir una nueva convocatoria con garantías de inclusión. Las voceras indígenas aseguran que este fallo marca un precedente y criticaron la gestión de Flores García, afirmando que «no basta con ponerse la vestimenta, hay que defender los derechos de nuestro pueblo».

Al respecto, el alcalde Enrique Galindo aseguró que el Ayuntamiento cumplirá la sentencia, pero no sin lanzar señalamientos. Acusó a Narciso Mendoza López, Zenón Santiago Cervantes y Nicolás Ramírez, quienes impugnaron el proceso, de utilizar los derechos indígenas como «bandera para crear botín político». Además, insinuó que detrás de la impugnación hay intereses partidistas que buscan cooptar los recursos destinados a los pueblos originarios.

«No es grave el fondo, lo que se argumentó es que no se tradujo la convocatoria a cinco lenguas indígenas que no son muy comunes», minimizó Galindo, aunque aseguró que la próxima convocatoria se traducirá a Mazahua, Mixteca Baja, Xiou’i, Pame y Huachichil, como ordenó el Tribunal.

Por su parte, Flores García defendió su gestión y acusó que la decisión pone «formalismos administrativos» por encima de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. También señaló a Mendoza López y Santiago Cervantes de actuar con fines políticos.

Mientras el gobierno municipal y los líderes indígenas se lanzan acusaciones, las comunidades celebran un fallo que, para ellas, es un acto de justicia largamente esperado.

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