Escrito por Magui Zacarías
Un grupo de padres y madres de familia se manifestaron este miércoles frente a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para exigir justicia por el presunto fraude cometido por la Universidad Potosina, ubicada en la avenida Venustiano Carranza. Las denuncias acusan a la institución y a su director, Arturo Segoviano, de ofrecer estudios de Medicina sin validez oficial, afectando a cerca de 100 jóvenes.
Los afectados señalan que, desde el año 2019, la Universidad Potosina ha estado cobrando inscripciones y ofreciendo la carrera de Medicina sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigente. Esta situación ha dejado a los estudiantes con estudios incompletos y sin la posibilidad de ejercer su profesión.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas, las familias afectadas han interpuesto 35 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Exigen que se investigue a la Universidad Potosina y a su director, y que se repare el daño causado a las familias afectadas.
Arturo Segoviano, director de la Universidad Potosina, ha minimizado las denuncias, asegurando que se trata de estudiantes con bajo rendimiento académico que fueron expulsados de la institución. Sin embargo, los estudiantes afectados desmienten estas declaraciones y afirman que continúan inscritos en la universidad y cuentan con un buen historial académico.
La situación actual mantiene a los estudiantes y sus familias en la incertidumbre sobre el futuro de sus estudios. Mientras que la Universidad Potosina inicia trámites para obtener un nuevo RVOE, los estudiantes afectados temen que este proceso solo beneficie a las nuevas generaciones, dejándolos a ellos sin una solución viable.
Las autoridades educativas estatales, por su parte, se han deslindado de la responsabilidad, afirmando que no tienen la facultad para intervenir en este tipo de conflictos. Las familias afectadas exigen una pronta resolución a este problema y que se garantice el derecho a la educación de sus hijos. Se espera que las investigaciones de la FGE brinden mayor claridad sobre las responsabilidades y las posibles sanciones para los involucrados.
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