La fiscalización de las cuentas públicas 2023 en San Luis Potosí ha destapado un escándalo de dimensiones preocupantes, con observaciones que superan los 2,400 millones de pesos en diversos entes públicos en el Estado. El presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, descalificó las notificaciones sobre irregularidades en su administración, alegando nunca haber recibido comunicación al respecto. Sin embargo, el auditor superior, Rodrigo Lecourtois, aseguró que tanto él como los otros involucrados fueron debidamente notificados en tiempo y forma.
Las observaciones incluyen fraudes por facturas falsas, manejo opaco en obras públicas, y falta de documentación en varias dependencias del gobierno estatal. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado, reflejando el profundo desorden y posible corrupción en la administración pública.
La respuesta del Congreso fue rápida, con la Comisión de Vigilancia aprobando por mayoría el trabajo de fiscalización del IFSE, aunque no sin críticas. El diputado Marco Antonio Gama denunció falta de objetividad en la revisión de los informes y la presencia de sesgos políticos en las denuncias presentadas. En una reunión tensa, Gama cuestionó la agilidad con la que se aprobó el dictamen, insistiendo en que los criterios de fiscalización aún dejan dudas y margen para la incertidumbre.
El caso más grave recae sobre el ayuntamiento de la capital, que lidera la lista con observaciones por 582 millones de pesos, seguido por el INTERAPAS con 25 millones. A esta cifra se suman los municipios de Villa de Reyes, Mexquitic, El Naranjo y Santa María del Río, que también enfrentan fuertes observaciones. La fiscalización está lejos de concluir. Si no se justifica el uso de los recursos, se prevé la interposición de denuncias penales.
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