En plena sesión del proceso de insaculación para la elección extraordinaria del Poder Judicial, el Congreso se vio envuelto en un escándalo de proporciones alarmantes. Rosalinda Ávalos, expolicía de investigación, denunció que uno de los aspirantes a juez penal, Sabas Santiago Ipiña Ramírez, estaría vinculado con el asesinato de sus dos hijos en 2020.
Ávalos exigió la exclusión inmediata de Ipiña Ramírez del proceso de selección, advirtiendo que su llegada al Poder Judicial podría garantizar impunidad a los responsables del crimen que destrozó a su familia. El 11 de noviembre de 2020, la tragedia golpeó a Rosalinda Ávalos y su familia en la colonia La Lomita, municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Aquella noche, fueron atacados a balazos frente a su domicilio. Sus hijos, de 18 y 20 años, murieron en el acto, mientras que ella quedó gravemente herida.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelaron la presunta participación de varios elementos de la Policía de Investigación (PDI) en el ataque. Hasta el momento, al menos cinco personas han sido procesadas, incluyendo al agente Miguel Ángel N., acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La expolicía aseguró que Sabas Santiago Ipiña Ramírez, ahora aspirante a juez penal, tiene nexos con grupos delictivos y su posible nombramiento representa un riesgo para la impartición de justicia. Ávalos teme que, de ser seleccionado, el funcionario pueda intervenir para proteger a los implicados en el asesinato de sus hijos. A pesar de la gravedad de la acusación, el Congreso del Estado ha guardado silencio y el proceso de selección sigue su curso con Ipiña Ramírez en la lista de candidatos.
La exagente relató que meses antes del atentado, en septiembre de 2020, denunció a cuatro compañeros policías involucrados en el manejo irregular de un vehículo con reporte de robo con violencia. Según su testimonio, el automóvil iba a ser entregado a un cártel delictivo. Tras exponer estos hechos, ella y su familia comenzaron a recibir amenazas de muerte, hasta que finalmente se concretó el ataque que terminó con la vida de sus hijos.
Hoy, más de tres años después, Ávalos sigue enfrentando un aparato judicial que no solo no le ha hecho justicia, sino que ahora permite que un presunto vinculado a su tragedia aspire a un puesto de poder dentro del mismo sistema que debería haberlo investigado.
Mientras la expolicía lucha por ser escuchada, el Congreso del Estado sigue sin pronunciarse. La indignación ciudadana crece, pues el caso evidencia los vínculos entre el crimen organizado y las instituciones de justicia, poniendo en duda la imparcialidad y la transparencia del proceso.
San Luis Potosí está ante un momento clave: permitir que Ipiña Ramírez avance en el proceso de selección sería un golpe mortal a la credibilidad del Poder Judicial. La pregunta sigue en el aire: ¿pesará más la corrupción o la exigencia de justicia?
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