Irán ha escalado la vigilancia electrónica y las denuncias públicas para hacer cumplir el uso obligatorio del #hiyab, según un informe reciente de la ONU. A más de dos años de las protestas de 2022, las mujeres y niñas iraníes siguen siendo objeto de discriminación sistemática. El Gobierno ha implementado drones, cámaras en carreteras y sistemas de reconocimiento facial en universidades para identificar a las mujeres que no usan el velo. Además, lanzaron la aplicación «Observer», que permite a los ciudadanos reportar a las mujeres sin hiyab, enviando luego alertas de que sus vehículos serán incautados si se ignoran las advertencias.
El informe también señala un «patrón preocupante» de muertes de manifestantes, incluidas menores, clasificadas como suicidios. Las familias de las víctimas se enfrentan a «acoso judicial» y restricciones para realizar el acto. Además, se han documentado prácticas de tortura psicológica, como simulacros de ejecución contra detenidos, incluidos niños. La represión se reactivó en abril de 2024 con el «Plan Noor», que ha llevado a la detención de al menos 618 mujeres. En julio, una mujer que huía tras recibir una advertencia por no usar el velo fue disparada por agentes, dejándola paralizada.
El informe denuncia la «extraña» vigilancia de la aplicación, afirmando que nadie debería ser castigado por decidir usar o no el hiyab. La ONU sigue cerca de la situación que persiste tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, desencadenante de protestas masivas que dejaron más de 500 muertos y 22.000 detenidos.
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