José Luis Ruiz Contreras, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), deja su puesto para contender por una magistratura en el Poder Judicial del Estado, a pesar de las múltiples críticas que señalan su falta de perspectiva en derechos humanos y los cuestionamientos sobre la legalidad de su participación.
Este movimiento marcaría el tercer puesto que Ruiz Contreras aspira ocupar en menos de dos años, generando dudas sobre su compromiso y la estabilidad de las instituciones que dirige. Su salida coincide con un momento crítico para la seguridad del estado, caracterizado por un alarmante aumento en la delincuencia organizada, desapariciones forzadas y bloqueos en la zona Huasteca, mientras delitos como el uso de ponchallantas y el narcomenudeo alcanzan cifras récord.
En su lugar, asumirá Jesús Juárez Hernández, comandante de la Guardia Civil Estatal (GCE), aunque su nombramiento deja en el aire el liderazgo de la GCE, una de las corporaciones clave en la lucha contra la inseguridad. La falta de claridad sobre esta transición podría agravar la ya precaria situación en el estado.
A pesar de que Ruiz Contreras no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria para la elección judicial, especialmente el de no haber ocupado la titularidad de la Fiscalía General del Estado en el año inmediato anterior, el Comité de Evaluación permitió su participación argumentando un “conflicto de derechos”. Este hecho ha generado críticas por la percepción de que las leyes se aplican de manera discrecional en favor de intereses políticos.
“Fue una decisión personal”, aseguró Ruiz Contreras al justificar su postulación, subrayando que cuenta con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del Comité de Evaluación, conformado por magistrados y exmagistrados. Sin embargo, su permanencia en el cargo mientras se desarrolla el proceso de selección judicial ha sido calificada como un acto de oportunismo político que compromete la atención a las tareas de seguridad pública.
La llegada de fuerzas federales al estado para enfrentar la crisis de seguridad y los cuestionamientos sobre la efectividad de la SSPC durante su gestión no parecen disuadir al funcionario, quien continúa adelante con su candidatura pese a las críticas y los señalamientos.
Con este movimiento, Ruiz Contreras deja un legado cuestionado, marcado por una gestión que no ha logrado contener la violencia en San Luis Potosí. Su decisión de participar en la contienda judicial no solo expone un manejo político de los cargos públicos, sino que también pone en evidencia la fragilidad institucional en momentos de crisis.
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