San Luis Potosí, S.L.P. – La candidatura de Carlos Alberto Ávalos Hernández a juez de oralidad penal ha generado una ola de indignación entre abogados y ciudadanos, quienes cuestionan su criterio en la resolución de casos de violencia de género y otros delitos graves.
Ávalos Hernández, ahora aspirante a un puesto en el Supremo Tribunal de Justicia, se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de decisiones judiciales que han sido calificadas como negligentes y revictimizantes.
El caso de Katia: una agresión minimizada
Uno de los casos más recientes y controvertidos involucra a Katia, una joven de 30 años que fue brutalmente agredida por Hernán «N», quien le arrancó el 80% del labio inferior de una mordida.
A pesar de la gravedad de las lesiones y las pruebas presentadas, el juez Ávalos Hernández determinó que la agresión no constituía una mutilación y que el agresor no representaba un peligro para la víctima, permitiéndole llevar el proceso en libertad.
Durante la audiencia, Katia relató que el juez minimizó su lesión, argumentando que «la mutilación es cuando te quitan lo bonita». La víctima también denunció que no se le otorgó una orden de restricción, sino solo un número de contacto con un policía.
Un patrón de resoluciones cuestionables
El caso de Katia no es un hecho aislado. Abogados de la zona metropolitana de San Luis Potosí han denunciado un patrón de resoluciones favorables a agresores, lo que ha generado sospechas de corrupción.
En el expediente 316/2025, el juez dictó la no vinculación a proceso de Luis Gerardo «N», acusado de violación y difusión ilícita de imágenes íntimas, a pesar de la existencia de pruebas contundentes.
En diciembre, en un caso considerado como tentativa de feminicidio, el juez favoreció al agresor de una mujer que requirió cirugía de reconstrucción facial.
Exigen investigación y sanciones
Ante estos antecedentes, abogados y colectivos han exigido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de San Luis Potosí que investigue las resoluciones del juez Ávalos Hernández y determine si existen irregularidades o conflictos de interés en su desempeño.
La falta de certeza jurídica en los procesos y la revictimización de las mujeres ponen en riesgo la seguridad de las víctimas, quienes temen que sus agresores puedan atacarlas nuevamente sin consecuencias.
La candidatura de Ávalos Hernández ha generado un intenso debate sobre la necesidad de garantizar la integridad y la imparcialidad del sistema judicial, especialmente en casos de violencia de género.
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