LA DIPUTADA MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TOVAR PRESENTÓ INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO

65

La diputada María Isabel González Tovar presentó una iniciativa para
reformar diversos artículos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San
Luis Potosí, a fin de transparentar y hacer más eficientes los procesos de
adjudicación y contratación de bienes o servicios en la administración
pública.
La legisladora detalla que nuestra legislación requiere de leyes más
transparentes y precisas en busca de fortalecer la rendición de cuentas,
con la finalidad de que la ciudadanía tenga la certeza de que los
recursos públicos son aplicados de manera correcta y en apego a los
procedimientos que la ley señala para su adjudicación.
“Se empieza desde el empadronamiento de los proveedores hasta el
fallo de la adjudicación y su contratación, en armonía a lo dispuesto por
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico
vigente, así como a las nuevas directrices en materia del sistema
nacional anticorrupción”.
Agrega que en esta iniciativa se busca precisar los requisitos
indispensables que cua lquier persona tanto física como moral necesitan
para adoptar el carácter de proveedor en cualquier institución pública,
con la finalidad de que los ciudadanos tengan la certeza que los
proveedores son personas que se encuentran plenamente identificados,
en cumplimiento con sus obligaciones fiscales y hacendarias.
Asimismo con una solvencia financiera y operativa para dar
cumplimiento al suministro de los bienes o servicios por los que son
contratados, y con ello tratar de erradicar la especulación, el tráfico de
influencias o la simulación de proveedores.

2
De igual forma, se plantea regular sobre la cancelación y suspensión de
los proveedores por diversas causas, como el que se encuentren en
concurso o quiebra, falsedad de declaraciones o documentos, se les
haya cancelado un contrato, con el objetivo de garantizar a las
Instituciones Públicas las mejores condiciones técnicas y económicas en
la contratación de un bien o servicio, pues de lo contrario se generaría
un conflicto de intereses que podría traer consigo un menoscabo al
patrimonio gubernamental.
Otro de los puntos medulares, se refiere a la obligación que tendrán los
comités de adquisiciones para que en el caso de realizar una
adjudicación directa, tendrán que dar aviso al órgano de control interno
de la Institución, adjuntando el acta y el procedimiento del fallo, con el
objetivo de que este órgano inspeccione y vigile que la contratación
estuvo apegada a derecho, de conformidad con las leyes en la materia.
En el mismo sentido se procurará que tratándose de invitaciones
restringidas a cuando menos tres proveedores, al momento de la
apertura de las propuestas económicas se cuente con la presencia de los
proveedores participantes con la finalidad de darle mayor publicidad a la
adquisición y así otorgar mayor certeza y certidumbre jurídica a los
participantes en concurso, garantizado que se elegirá al proveedor que
realmente cuente con la mejor propuesta a favor de los intereses de las
instituciones.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda del
Estado.