El 1 de junio se llevará a cabo la jornada electoral extraordinaria en San Luis Potosí para elegir 69 jueces y juezas de primera instancia, 15 magistraturas del Tribunal de Apelación y 3 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. En este contexto, Susana, madre de Lupita Viramontes, ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía: no votar por los jueces que permitieron la liberación del feminicida de su hija.
El caso de Lupita Viramontes ha sido un símbolo de impunidad y revictimización. Guillermo Castillo, quien junto con su hermano y otros cómplices asesinó a la joven de 15 años en 2012, fue sentenciado a más de 17 años de prisión. Sin embargo, logró fugarse el mismo día de su sentencia y permaneció prófugo por casi una década. Su recaptura en febrero de este año devolvió una esperanza de justicia a la familia, pero esta fue destruida cuando el juez Ernesto Rivera Sánchez aprobó su liberación con la simple condición de realizar trabajo comunitario.
«Es absurdo que alguien que estuvo prófugo 10 años pague un abogado y lo premien con un cambio de medidas», denunció Susana Cruz. Además, recalcó que la decisión del juez ignora el riesgo que corre su familia, pues el feminicida ya intentó contactar a su hija menor antes de ser detenido.
No solo el juez Rivera Sánchez es señalado por Susana Cruz. También menciona a la magistrada Liliana Aguilar Gómez, quien formó parte de la terna que avaló la reducción de la pena de Castillo a solo un año y medio de internamiento, sin aplicar perspectiva de género ni considerar los derechos de las víctimas.
A través de redes sociales, la madre de Lupita ha difundido mensajes directos:
* NO VOTAR por Ernesto Rivera Sánchez, juez que otorgó la medida de trabajo comunitario al feminicida.
* NO VOTAR por Liliana Aguilar Gómez, magistrada que respaldó la reducción de la pena de Castillo.
La indignación se ha extendido entre colectivas feministas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que estas resoluciones perpetúan la impunidad. «El Estado no pudo garantizar el derecho a la justicia de Lupita ni de su familia», denunció su hermana Frida Viramontes, quien responsabilizó a las autoridades por cualquier daño que su familia pueda sufrir.
Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se deslindan del caso, asegurando desconocer el plan individualizado que permitirá la libertad del feminicida. Una burla más para las víctimas.
Ni perdón ni olvido.
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