La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí reveló la lista de aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), incluyendo a la actual presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, quien busca la reelección.
Dicha candidatura ha provocado una serie de protestas tanto en el Congreso del Estado como en la sede de la CEDH. Diversas organizaciones y víctimas han manifestado su rechazo, argumentando que la actual administración se ha caracterizado por la mala praxis y la omisión en la defensa de los derechos humanos.
Adrián Barrios Muñoz, activista de la comunidad LGBTI, expresó su preocupación ante lo que considera un posible retroceso en la garantía de los derechos fundamentales. «Amix, no olvidemos que en las últimas semanas, a nivel internacional nos hemos enfrentado a una ola enorme de retrocesos en materia de derechos humanos, que de forma directa o indirecta nos afecta a todxs. Es momento de organizarnos y movilizarnos, no más simulación», declaró.
Entre las voces críticas se encuentra la de Silvia Castillo, quien ha luchado durante seis años por justicia en el caso de su hijo Alan Ibarra. Durante la manifestación en el Congreso, exigió a los legisladores que rechacen la reelección de Argüelles Moreno y realicen un análisis exhaustivo de los perfiles de los aspirantes. «No podemos permitir que quienes han sido cómplices de la impunidad sigan en el poder», enfatizó.
Las protestas también se trasladaron a las afueras de la CEDH, donde víctimas y activistas desplegaron mantas acusando a la presidenta de ser «ladrona de dignidad, justicia y bienestar de los menores». Señalaron que su gestión ha sido deficiente y que ha protegido a funcionarios señalados por violencia y corrupción.
Ante el creciente descontento social, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos han recibido a algunas de las víctimas en reuniones privadas. Sin embargo, las organizaciones insisten en que es fundamental garantizar un proceso transparente y alejado de intereses políticos para evitar que la CEDH siga siendo un órgano de simulación y no de verdadera defensa de los derechos humanos.
