El videojuego en línea No Mercy fue retirado de la plataforma Steam, una de las tiendas digitales de videojuegos más grandes del mundo, tras la polémica por su contenido gráfico que incluía escenas de violencia sexual, violación e incesto.
La decisión se produjo luego de que organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos presentaran denuncias formales por el carácter explícito y ofensivo del juego, así como por su posible impacto negativo en audiencias vulnerables, especialmente jóvenes.
En respuesta, la Fiscalía de Portugal, país donde aparentemente se originó el videojuego, ha abierto una investigación oficial para determinar si la distribución del título viola leyes penales relacionadas con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género.
“El Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa ha abierto una investigación que está actualmente en curso”, confirmó el Ministerio Público portugués.
Aunque fue retirado de la tienda virtual, el caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la ficción interactiva y la responsabilidad de las plataformas digitales. Diversos expertos señalan que la normalización de contenidos que promueven el abuso puede tener efectos concretos en la percepción social de la violencia.
De confirmarse que el videojuego infringe la ley, sus creadores podrían enfrentar sanciones penales.
Más allá del entretenimiento, este caso reabre la discusión sobre hasta dónde puede llegar la ficción cuando aborda temas delicados, y qué papel deben asumir las industrias del videojuego y la justicia para proteger a los usuarios.
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