Escrito por Magui Zacarías
En un giro controversial, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido revocar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, restituyendo así la candidatura de José Luis Romero Calzada, alias «El Tecmol», a la presidencia municipal de Ciudad Valles. Esta decisión, que ha suscitado numerosas críticas y cuestionamientos, reaviva el debate sobre la transparencia y la legalidad en los procesos electorales del país.
El juicio de revisión constitucional SM-JRC-191/2024 y acumulados llevó a la Sala Regional Monterrey a analizar la resolución previa del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, el cual había revocado el registro de la candidatura de Romero Calzada bajo el argumento de que no cumplía con el requisito de residencia efectiva de tres años anteriores al día de la elección, como lo exige la Constitución local.
La polémica se centra en la interpretación de las pruebas de residencia presentadas por Romero Calzada. Según la legislación electoral de San Luis Potosí, una constancia de domicilio y antigüedad expedida por la secretaría de un Ayuntamiento es suficiente para comprobar la residencia efectiva. La Sala Regional Monterrey criticó la valoración realizada por el Tribunal local, calificándola de indebida, y argumentó que las pruebas presentadas por Romero Calzada, incluyendo la constancia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Valles, deben tener valor probatorio pleno salvo prueba en contrario.
A pesar de que la Sala Regional Monterrey tiene la responsabilidad de revisar las resoluciones que afectan los derechos político-electorales en varios estados, esta decisión específica ha dejado un sabor amargo entre quienes consideran que la justicia electoral puede estar siendo utilizada para favorecer intereses particulares más que para garantizar la legalidad y equidad en las contiendas.
En última instancia, la restitución de la candidatura de José Luis Romero Calzada «El Tecmol» no solo pone en entredicho la capacidad del Tribunal Electoral de San Luis Potosí para realizar valoraciones imparciales, sino que también plantea serias dudas sobre el compromiso del TEPJF con la defensa de los principios democráticos y la transparencia electoral. Este caso se suma a una lista creciente de decisiones controvertidas que ponen en tela de juicio la integridad del sistema electoral mexicano.
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