Escrito por Daniela Olivares
San Luis Potosí, SLP.- Ante el inicio del ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) recordó continuará con la vigilancia dentro de las instituciones educativas para que cumplan con la medida que prohíbe la venta de comida chatarra en las cooperativas.
Cabe resaltar que fue el pasado año del 2021 que el Senado aprobó reformar la Ley General de Educación, para garantizar la alimentación sana en los centros educativos del país, San Luis Potosí ha cumplido.
El titular de la SEGE explicó que es a través del Consejo de Participación Escolar que se vigila de manera constante el área de cooperativas, pues las escuelas deben entregar una lista de los proveedores y de cada producto que se vende, esto dentro de un informe quincenal y mensual.
Agregó que cada inicio de ciclo escolar, se capacita a las personas encargadas, se les informa que productos si se puede vender y que no. Cabe resaltar que algunos de los productos prohibidos son: refrescos, papas fritas, dulces en general, jugos con alto contenido de fructuosa, entre otros. Por el contrario los comerciantes sí pueden ofertar frutas y verduras, cereales integrales como amaranto, avena, pepitas, nueces, cacahuates; leguminosas secas como lentejas, habas y agua natural a libre demanda.
Torres Cedillo comentó que este protocolo sólo aplica para la venda de productos dentro de las escuelas y los vendedores que oferten este tipo de productos dañinos para la salud de los menores, tendrán que ser revisados por los ayuntamientos, pues se encuentran fuera de las instituciones y no es algo que le corresponda atender a la SEGE.
Referente a las sanciones por no cumplir con la norma, Cedillo explicó que en un primer momento se retira al concesionario de la cooperativa y en casos más graves se contempla que el director de la institución rinda cuentas.
Sin embargo la ley marque que las escuelas que incumplan recibirán sanciones de dos tipos; la primera administrativa y consiste en la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de la validez oficial de estudios de la escuela.
La segunda es económica, e implica una multa de entre cien y hasta mil salarios mínimos, es decir, entre 20 mil 744 pesos y hasta 207 mil 440 pesos, para quienes prestan servicios educativos. Cabe recalcar que las multas podrían duplicarse en caso de reincidencia.
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