Con 20 votos a favor y solo 4 en contra, el Congreso del Estado en SLP aprobó la derogación de los artículos 148, fracciones I y II; 149 y 150, fracción III del Código Penal. Esta reforma despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, eliminando la posibilidad de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo.
La decisión se produjo tras meses de inacción por parte del Congreso local, que ignoró la iniciativa durante más de un año, a pesar de que su urgencia había sido señalada tanto a nivel estatal como federal. La colectiva ILE y otros grupos de derechos reproductivos tuvieron que recurrir a un amparo para obligar a las y los diputados a acatar una sentencia judicial que consideraba anticonstitucional la criminalización del aborto en San Luis Potosí. Fue hasta el pasado 23 de septiembre cuando el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió una sentencia contundente a favor de la despenalización, forzando a las y los legisladores a abordar el tema.
Sin embargo, la resistencia no se desvaneció completamente. Con una postura desafiante, el diputado Rubén Guajardo, del Partido Acción Nacional (PAN), votó en contra y justificó su decisión en base a los principios conservadores del partido: «En el PAN no le mentimos a la gente… estamos en contra de este dictamen por congruencia a nuestros estatutos y a nuestra plataforma política», declaró Guajardo en su intervención, evidenciando la división ideológica que persiste en torno al derecho a decidir.
La aprobación, aunque tardía y obligada, representa un avance significativo para los derechos de las mujeres y personas gestantes en el estado, ya que elimina el riesgo de criminalización para quienes elijan abortar en las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, el trabajo no termina aquí; ahora, se espera que el Congreso avance en las reformas correspondientes a la Ley de Salud para garantizar que quienes opten por este servicio cuenten con atención médica de calidad, un paso crucial para la implementación efectiva de esta reforma.
Este logro, impulsado por la presión judicial y el activismo de colectivos feministas, subraya la resistencia y el esfuerzo incansable de aquellos que luchan por los derechos reproductivos en un contexto adverso.
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