SLP prepara elecciones extraordinarias para la reforma judicial empezando 2025

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen de reforma constitucional que transformará el sistema judicial local a través de elecciones extraordinarias. A partir del 2 de enero de 2025, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) asumirá la responsabilidad de iniciar este proceso, el cual incluye la renovación de 65 jueces, 15 magistrados y tres integrantes del Consejo de la Judicatura. Esta medida busca democratizar el acceso a los órganos judiciales, en línea con las reformas a la Ley Electoral y la Ley de Justicia Electoral.

El proceso está cuidadosamente estructurado. El órgano de administración judicial deberá notificar al Congreso del Estado sobre los cargos a elegir, especificando materias, distritos y regiones. Una vez recibida esta notificación, el Congreso dispondrá de diez días naturales para emitir una convocatoria dirigida a los otros dos poderes del Estado, quienes deberán conformar sus propios Comités de Evaluación. Estos comités, de carácter honorífico, tendrán un plazo breve para establecer sus reglas de operación y emitir convocatorias dirigidas a profesionales del derecho interesados en participar en la elección.

Uno de los aspectos más controvertidos es la campaña electoral para los aspirantes, que no podrá durar más de 30 días naturales y no contará con subsidios financieros. Si bien se busca evitar gastos excesivos, la magnitud del proceso y la falta de recursos asignados generan cuestionamientos sobre su viabilidad y la equidad en la competencia. Además, la elección mediante voto popular plantea retos significativos para garantizar que las decisiones judiciales no se politicen ni se desvirtúe la función técnica de los juzgadores.

Esta reforma, que incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, promete cambiar radicalmente el sistema de justicia. Sin embargo, queda por ver si realmente logra su objetivo de eficiencia y accesibilidad, o si los costos administrativos y electorales terminarán minando la confianza ciudadana en este ambicioso proyecto.

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