BLOQUE NEGRO / OPINIÓN
Por José Manuel Ortiz Albarran
El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue repatriado a nuestro país luego de que la justicia norteamericana le retirara los cargos que le habían imputado, involucrándolo directamente con el narcotráfico. Pero no fue declarado inocente. Su regreso obedeció, si nos atenemos a los discursos tanto de autoridades estadunidenses como mexicanas, a una especie de “jugada política”: el viejo argumento que justificaba todo tipo de proceder con tal de mantener la hegemonía de un poder dominante.
Estamos de acuerdo que los mexicanos deberían de ser juzgados por los propios mexicanos, sean quienes sean: militares, funcionarios o civiles. Así como los encontrados culpables deberían pagar sus delitos en este país antes de ser entregados a sistemas penitenciarios de otras naciones. Es un asunto de soberanía. Pero el rescate de Cienfuegos no tiene ese factor. Se trata de un privilegio ¿A caso por ser militar de alto rango? O porque el juicio, ya previsiblemente, sin Donald Trump en el poder podría tomar una dirección insospechada.
La jueza federal de Estados Unidos Carol B. Amon dio trámite a un traslado sin ninguna complicación a México de quien fuera la máxima autoridad militar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero la jueza federal tuvo la prudencia de advertir que los fiscales estadunidenses habían logrado formular “cargos muy serios” contra el exsecretario de la Defensa Nacional. Y que sólo tuvo que ordenar su liberación debido a intereses superiores del Estado estadunidense. En este caso los identificó como “intereses de política exterior” que superan el proceder con el caso. Señaló no tener motivos para dudar que las autoridades mexicanas “sinceramente desean proceder con una investigación y posible enjuiciamiento de este acusado”. Tampoco dudó en señalar que esta decisión se tomó “en los niveles más altos del gobierno”. Es decir, fue tomada por el presidente Trump.
Los propios fiscales que formularon los cargos contra Cienfuegos tuvieron que señalar que “proceder con el caso es contrario a los intereses de Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México”. Más declaraciones por el estilo discurrieron desde el territorio de la mayor potencia del mundo. ¿En serio Estados Unidos se vio de pronto amenazado y acorralado por México? ¿Qué hizo “corregir” a Trump, tan dado a las bravuconerías y a las irreflexivas decisiones en materia exterior?
Se especuló que México expulsaría a la DEA o que suspendería la colaboración antinarcóticos. Difícil de sostener: como si Estados Unidos no tuviera maneras de responder y presionar a México, como cuando amenazó con imponer aranceles en caso de que el entonces flamante gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejara transitar a los miles de familias centroamericanas por territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos. En un par de días obligó al gobierno mexicano a desechar una de las principales banderas de protección a los derechos humanos y a cambiar de manera diametralmente opuesta la política migratoria que había anunciado.
Y del lado de México, ¿acaso hubo una insistencia diplomática de magnitud tan convincente? Tal determinación no sería coherente con las declaraciones del presidente López Obrador luego de la detención de Cienfuegos a mediados de octubre pasado: que las Fuerzas Armadas Mexicanas saldrían finalmente fortalecidas porque eran instituciones sólidas más allá de los personajes que hubieren delinquido. Prácticamente lo celebró.
Los estadunidenses tienen miles de comunicaciones interceptadas de Cienfuegos con la delincuencia organizada. De ser juzgado allá, ¿qué otros nombres estallarían en las Cortes y en los noticieros? Ni modo que Cienfuegos no tuviera autoridades cómplices tanto aquí como allá. ¿Acaso, de seguir el proceso, Estados Unidos tendría que girar más órdenes de aprehensión, incluso, ¿de militares mexicanos en activo y otros personajes del sistema político mexicano? El acuerdo Trump-López Obrador probablemente tuvo estas consideraciones.
La derecha fascista, misógina y racista de Trump, derrotada, muy probablemente tendrá que ceder el Poder Ejecutivo estadounidense a Joe Biden, quien pertenece a la nomenclatura que impuso a México la “guerra contra las drogas”, que respaldó a Felipe Calderón ante el fraude de 2006 y que se hizo de la seguridad de México desde entonces. Podríamos decir que Cienfuegos y García Luna eran unos de sus muchachos en este país.
En realidad, toda la labor diplomática que se llevó a cabo para “defender” los principios de “respeto” y “soberanía” de México ante los Estados Unidos, en este caso sería como cometer suicidio, si la Fiscalía General de la República no realiza su trabajo de investigación y le finca las responsabilidades a este personaje de tan oscuro.
Nos molesta porque estamos acostumbrados a que nos mientan; a que nuestros gobiernos simulen situaciones para engañarnos y a que nos vean la cara de tontos. Sin embargo, si lo que nos han informado el presidente y el Canciller mexicanos es la verdad, el hecho de procesar a Cienfuegos en México, representa un reto mayor, no solo para las autoridades que van a estar a cargo de hacerlo, sino para demostrarnos el verdadero nivel de justicia al que se puede acceder en el México de la Cuarta Transformación.
Por desgracia, aparentemente somos los mexicanos los que no creemos en nuestras instituciones, a pesar de todas las pruebas que estamos recibiendo diariamente para enterarnos de que las cosas están cambiando para bien. Afortunadamente este caso nos va a permitir darnos cuenta del nivel de cambio real que está experimentando nuestro país en materia de justicia y de legalidad. No hay que comer ansias con especulaciones y controversias inútiles. El reto está ahí, porque tarde o temprano nos vamos a enterar de la verdad.