- Corrupción con bata blanca: desvío de recursos, penas mínimas y un año sabático para exfuncionarios de Salud en SLP
Mientras en los hospitales públicos de San Luis Potosí escasean medicinas y personal médico, varios exfuncionarios de la salud disfrutan de penas simbólicas tras ser señalados por desviar millones de pesos del erario.
Este 10 de abril, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sancionó a Francisco Alcocer Gouyonnet, exdirector del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, con inhabilitación por un año por haber cometido una falta administrativa grave relacionada con el desvío de recursos públicos durante su gestión. Pero no actuó solo: lo acompañaron en esta fechoría Héctor Francisco Aguilar Martell, exdirector administrativo, y José Alejandro Andrade Flores, jefe de Mantenimiento del nosocomio. A todos les tocó el mismo castigo: un año fuera del servicio público. ¿El castigo? Un año sabático. ¿El daño? Recursos públicos desviados de un hospital que aún lidia con carencias básicas.
La resolución llega casi tres años después de que Alcocer dejara el cargo en medio de señalamientos por irregularidades administrativas y negligencia médica. Las investigaciones se iniciaron tras su renuncia en 2021, y ahora el caso podría escalar, ya que se prevé una denuncia penal contra los tres exfuncionarios, quienes formaron parte del equipo del entonces gobernador Juan Manuel Carreras López.
Pero Alcocer no es el único con expediente oscuro. Su cómplice política, la exsecretaria de Salud y excandidata de Morena, Mónica Rangel Martínez, aceptó en 2022 haber robado 22 millones de pesos, destinados supuestamente a comprar químicos para combatir el dengue en la Huasteca. El producto nunca llegó, el dinero desapareció y ella se declaró culpable de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa.
El castigo tampoco fue ejemplar: devolvió el dinero, pagó una multa menor a 100 mil pesos y quedó en libertad. Así lo permitió un procedimiento abreviado gracias a que su condena fue menor a cinco años. La Fiscalía había advertido que los delitos de Rangel podrían alcanzar hasta 27 años de cárcel, pero todo quedó en un mes entre celda y hospital.
“El tema no es tener a nadie en la cárcel, es que regresen lo robado”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo al respecto, como si el saqueo a la salud pública fuera un simple malentendido financiero.
Tampoco hay que olvidar a Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien sucedió a Rangel en la Secretaría de Salud. Aunque enfrenta una sentencia condenatoria de 5 años y 3 meses por desvío de 32 millones de pesos, un amparo le permitió salir de prisión este febrero y seguir su proceso en arraigo domiciliario.
Con estas decisiones judiciales, el mensaje parece claro: en San Luis Potosí, robar desde el sector salud sale barato. Basta con devolver el dinero (si es que se devuelve), decir «me equivoqué» y salir por la puerta trasera de la justicia.
¿Y los hospitales? ¿Y los pacientes? Ellos siguen esperando que llegue lo que algún día se les prometió. Lo que hoy sabemos es que muchos se fueron con las manos llenas, y apenas un manazo simbólico les tocó.
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