Con 20 votos a favor, el Congreso del Estado de San Luis Potosí reeligió a Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Y, como era de esperarse, la decisión desató una ola de protestas y reclamos. Afuera del recinto legislativo, víctimas de violaciones a derechos humanos exigían un cambio. Adentro, la mayoría de los diputados prefirió taparse los oídos y seguir con el guion.
En la contienda había 17 aspirantes, pero al final solo dos recibieron votos: Argüelles Moreno con 20 y Enrique Rivera Sierra con seis. Lo que quedó claro es que la reelección ya estaba planchada y la democracia en el Congreso es solo una puesta en escena.
El diputado Roberto García Castillo, coordinador de Morena, intentó justificar la decisión asegurando que Argüelles Moreno es la mejor opción porque «conoce de primera mano las consecuencias funestas de la arbitrariedad». Vaya ironía. No importaron las denuncias de omisión y negligencia contra la presidenta de la CEDH, ni las quejas de víctimas que aseguran que la Comisión ha servido más para proteger al gobierno que para defender a la ciudadanía.
Al momento del anuncio, el presidente del Centro de Derechos Humanos «Samuel Ruiz», Ricardo Sánchez García, y varias madres cuidadoras no se guardaron su indignación. «¡Vendidos!», «¡Traidores a la patria!», «¡No representan a nadie!», gritaron desde las gradas.
Del otro lado de la votación, Enrique Rivera Sierra, quien obtuvo el apoyo de Morena, lamentó el desenlace y señaló que esta elección confirma que el Gobierno del Estado tiene cada vez más control sobre las instituciones, incluyendo el Legislativo. «De allá vino la orden para esos 20 votos», aseguró, dejando en claro que el «dedazo» sigue más vigente que nunca.
Los colectivos de derechos humanos que protestaron en el Congreso no ocultaron su decepción. «Esto es una muestra más de cómo los derechos humanos en San Luis Potosí son una moneda de cambio», señalaron desde la organización Cuidadoras Potosinas, denunciando que las agresiones contra personas cuidadoras han ido en aumento sin respuesta de la CEDH. Mientras tanto, activistas calificaron la elección como una compra de votos, asegurando que la gestión de Argüelles Moreno se ha caracterizado por la opacidad y la falta de apoyo a las víctimas.
A pesar de las protestas, la reelección es un hecho: Giovanna Argüelles Moreno continuará en el cargo hasta 2029. Y con ello, la CEDH seguirá siendo lo que ha sido hasta ahora: una oficina más del Gobierno del Estado, funcional para la burocracia, inútil para las víctimas.
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